El Senado de la Nación recibirá el Código con la reforma que el Gobierno buscará aprobar en los próximos meses después de varias idas y vueltas.
Después de haberlo suspendido tres veces, el esperado Código Penal será enviado al Congreso de la Nación este lunes.
Así lo hará el presidente Mauricio Macri, con la necesidad de que sea aprobado en los próximos meses.
El año pasado, la decisión fue paralizada en buena medida por la discusión en torno al aborto en el Parlamento.
En esas oportunidades, estaba previsto un acto con la presencia del gabinete en pleno y de invitados especiales. En esta ocasión, no habrá un evento especial y Macri enviará directamente el proyecto al Congreso.
El nuevo Código tiene 540 artículos (el actual tiene 320) y será la primera vez en 100 años que la reforma llega finalmente al Congreso de la Nación.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Macri pidió sancionar las reformas: "Tenemos un proyecto que se viene trabajando hace más de un año con todos los sectores, cuya aprobación es fundamental para seguir por este camino. Espero que lo aprobemos en el corto plazo".
"El proyecto introduce una modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna sanción penal)", sostuvo hace un tiempo Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión de expertos que trabajó durante más de un año en el nuevo Código.
El Gobierno intentará resaltar que el envío del nuevo Código Penal es un hito histórico: el código actual data de 1921, hace casi cien años. También para marcar un contraste con la anterior gestión, que le imprimió un espíritu garantista a sus políticas en materia de Justicia y Seguridad.
Es que el proyecto del oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el ministro Germán Garavano, impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como "motochorros".
En el caso de los delitos de corrupción, el proyecto del Gobierno establece un aumento de 4 a 12 años las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega la figura de "corrupción entre particulares" y se pena a las empresas ante ciertos delitos.
El texto prevé además aumentos de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico.
Incorpora, en ese sentido, una novedad vinculada a la despenalización de las drogas, un debate que en el Poder Ejecutivo imaginan en un corto plazo. El anteproyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo "Arriola", por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.
La reforma del Código Penal establece en esa línea la introducción de penas para el entorpecimiento del transporte público. Y hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.
Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, informáticos -como casos de grooming- y de violencia de género también fueron incorporados tras el extenso estudio y análisis temáticos de la comisión de especialistas.
El nuevo Código Penal prevé el decomiso de cosas o provecho del delito desde el comienzo del proceso penal. También prevé el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
La operación ilegal de armas de uso civil sin autorización tendrá una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Los integrantes de la comisión que preside Mariano Borinsky son el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer; el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Jorge Córdoba; y los representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
