Lejos de desacelerarse, la inflación en Argentina sigue en niveles alarmantes. El primer bimestre del año concluyó con significativos aumentos de precios tanto para la inflación núcleo como para los bienes y servicios regulados. En este último caso, las subas de precios en los servicios públicos autorizadas por el Gobierno para el período enero-mayo, agregarán entre 8 y 10 puntos porcentuales en forma directa al IPC de 2019.
Este año, al igual que en los últimos tres, la realidad contrastará con el relato oficial. Haciendo un repaso de las subas del primer bimestre y de las que están por venir, es casi una certeza que las proyecciones del presupuesto, de un alza del 23% del nivel general de precios para todo 2019, ya quedaron sepultadas. En febrero las tarifas de energía eléctrica tuvieron una suba del 26% en promedio, con picos del 32%. En marzo la luz aumentará un 14%, en abril un 4% y en agosto otro 4%. De esa manera, tendrá un incremento acumulado en el año del 55%. Los servicios de agua potable y cloacas ya aumentaron un 17% en enero y tendrán otro salto del 27% a partir de mayo, embolsando una suba del 48,5%. En el caso del gas, se proyecta una suba del 35% a partir del mes de abril. Estos aumentos son apenas un piso ya que en el caso de que la situación macro pudiera nuevamente volver a desbordarse, desde la óptica oficial, las tarifas volverían a quedar rezagadas y podrían anunciarse nuevas subas.
Por otra parte, el servicio de colectivos del área metropolitana tendrá una tarifa mínima de $18 a partir del 15 de marzo. Con las subas de enero y febrero el trasporte público acumulará un alza del 38,5%. Los trenes del área sufrieron alzas de un 26 al 28%, y con la suba de marzo en el primer trimestre treparan un 38%. Los subtes de la Ciudad también tuvieron fuertes aumentos. El boleto costará $21 en abril, un salto del 44,8% en cuatro meses. La región del GBA tiene un peso de 44,7% en la estructura del IPC Nacional.
La seguidilla de aumentos no se detiene y abarca a todo tipo de bienes y servicios. Para los usuarios de telefonía celular, se registraron subas entre un 15 y 18%. La medicina prepaga también tuvo un salto del 5% desde febrero, y a partir de marzo, los combustibles aumentaron entre un 2,5 y 3%. También subieron los cigarrillos y los peajes del acceso norte y oeste de la Ciudad un 33% en promedio.
Con toda esta estampida de precios el ciudadano hace rato que tiene a la inflación al tope de sus problemáticas. El año pasado, los salarios perdieron 18 puntos contra la inflación según el propio INDEC. Este año el alza de precios no da tregua y aleja la posibilidad de una recuperación de un salario real de por sí ya caído.
Pero si esto fuera poco, lo más preocupante son los aumentos que se están registrando en los bienes que componen la inflación núcleo, es decir los bienes y servicios no regulados ni estacionales, que en conjunto representan el 69,9% del IPC. En este caso, son las propias fuerzas del mercado las que se encargan de impulsar los precios hacia arriba, con comportamientos mucho más autónomos. La explicación a este fenómeno debemos encontrarla en el rezago que dejó la mega-devaluación de 2018, con un salto del tipo de cambio del 100%, la cual no fue trasladada a precios completamente. A su vez, la liberación del comercio internacional, si bien por lo delicado de la situación se han puesto retenciones fijas que equivalen a un 10% del valor comercializado, está empujando la suba de alimentos y bebidas que tienen como insumos bienes agroexportables. Para este conjunto de bienes los saltos del dólar aseguran mayores precios. Así, la mayor presión que se está observando en la cotización de la moneda estadounidense, es un caldo de cultivo para la inflación.
Por lo pronto, en enero de este año el IPC núcleo tuvo una suba mensual del 3%. En los últimos doce meses la suba fue del 49,9%, mientras que los regulados, que tienen una ponderación del 19,4%, subieron un 55,4%. Solo en enero se registraron fuertes subas en Alimentos como filet de merluza 10%, carnes y quesos duros 6,6%, leche fresca 5,5%, galletitas de agua 4,7% y pan de mesa 3,8%.
Por otra parte, nos encontramos en un año electoral, donde la tentación de la expansión del gasto público es muy fuerte. Sin embargo, a pesar de que el gobierno negoció con el FMI una cláusula que le permite aumentar el gasto social a costa de un mayor déficit, lo cual fue presentado como algo inédito por el actual equipo de gobierno, el objetivo primordial del Fondo Monetario es contener toda expansión del gasto público para liberar recursos para el pago de los intereses y el capital de la deuda. No obstante, las metas fiscales originales se están desviando por la caída real de la recaudación producto de menores niveles de actividad lo que puede llevar a una intensificación del programa de reducción del gasto público.
Con la caída del gasto público en términos reales lo que ocurre es una profundización de la recesión o una demora en la salida de la misma. Esto vuelve a agravar el problema de la recaudación y por lo tanto de la convergencia al déficit cero, con lo cual el ciclo de ajuste, recesión, caída de la recaudación y más ajuste, podría profundizarse. En este contexto, el gobierno siguiendo las indicaciones del FMI, lo que hace es presionar sobre el poder de negociación de los sindicatos, que ven como el desempleo aumenta y las paritarias se firman con aumentos salariales por debajo de la inflación.
En este punto, el único elemento que tiene el gobierno para evitar que el crecimiento de los precios se espiralice, ante el fracaso de la política macroeconómica de los últimos 3 años, es la caída de la demanda doméstica por la merma de ingresos de los hogares, tanto por menores niveles de empleo como por la licuación de salarios en asalariados, jubilados y perceptores de políticas de transferencia. A su vez, la crisis de las PyMEs y ya de algunas de las grandes empresas impedirá que los niveles de producción se recompongan considerablemente. Nuevamente, el único plan anti-inflacionario que tiene el ejecutivo nacional, es el de profundizar la recesión.
