Este lunes comenzó el juicio contra el ex diputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). La primera jornada se desarrolló en el Tribunal Penal Nº1 de Posadas, donde se presentaron las pruebas reunidas durante la investigación y se expusieron los argumentos iniciales de la fiscalía.
La fiscal Silvia Barronis, del Juzgado de Instrucción Nº4 de Apóstoles, detalló la evidencia encontrada en los dispositivos de los imputados, incluyendo 913 archivos con contenido ilegal hallados en dos computadoras de Germán Kiczka. Además, se confirmó el uso de un software de intercambio de archivos P2P, lo que refuerza la hipótesis de distribución del material.
Durante la jornada también se destacó la conexión del caso con una investigación internacional denominada Guardianes Digitales por la Niñez, que involucra a diversos países.
El fiscal Alejandro Rau subrayó la gravedad del caso y subrayó que los delitos informáticos de este tipo afectan directamente a víctimas que son menores de edad. “La postura de la fiscalía es clara y no hay forma de minimizar los hechos investigados, ya que la prueba incorporada en el expediente es contundente”, sentenció.
“Distribución, facilitación y tenencia son distintos tipos penales que sancionan este tipo de conductas. Ellos podrán tener su postura, pero la nuestra es clara: son hechos de enorme gravedad. La evidencia probatoria incorporada es contundente y no hay forma de minimizarla”, agregó Vladimir Glinka, otro de los fiscales intervinientes.
También explicó que en todo proceso penal existen posturas opuestas entre la acusación y la defensa, pero que la estrategia del Ministerio Público es demostrar la verdad a través de pruebas legítimas y verificables. Su objetivo es que el tribunal adquiera la convicción necesaria para dictar una sentencia acorde a los hechos probados en el juicio.
Glinka agregó que el análisis forense realizado sobre los dispositivos electrónicos fue exhaustivo y que los peritos confirmaron la existencia de material ilícito almacenado y compartido en plataformas de intercambio de archivos. “En los próximos días, los jueces tendrán acceso a estos informes técnicos y podrán evaluar de manera directa la magnitud de la prueba presentada”, aseveró.
“No hay persecusión política”
Los fiscales recalcaron la importancia de contextualizar la investigación dentro del marco de la cooperación internacional. Dejó en claro que el caso se inició por una alerta proveniente de Estados Unidos y que las pesquisas se extendieron a otros países y provincias de Argentina.
“No se trata de un hecho aislado ni de una cuestión política, sino de una operación con alcances globales, nace como parte de un operativo internacional en el marco del procedimiento de Guardianes Digitales por la Niñez y la alerta surge en Estados Unidos. Hablamos de algo involucra a personas radicadas en varios países, como Guatemala, en Honduras, en Argentina, en Chile”, explicó Rau.
Con respecto a la estrategia de la defensa, los fiscales fueron tajantes al afirmar que la acusación no se basó en pruebas improvisadas, sino en una investigación sólida con testimonios y peritajes previos.
Según Glinka, el trabajo de la fiscalía consiste en demostrar, a través de una cadena de pruebas, la responsabilidad de los imputados en los hechos que se les atribuyen.
Rau también resalto la importancia del contexto digital en este tipo de delitos. Detalló que se encontraron aproximadamente 96.000 mensajes entre uno de los imputados y un contacto, lo que subraya la necesidad de analizar la totalidad del material secuestrado para comprender el alcance de las actividades investigadas.
Finalmente, los representantes del Ministerio Público insistieron en la legitimidad del procedimiento. Aseguraron que si la defensa hubiera considerado irregular la causa, habría cuestionado la validez de las pruebas en la etapa preliminar. Sin embargo, la investigación avanzó sin objeciones de ese tipo, lo que confirma la transparencia y auditabilidad del proceso.
Cómo sigue el juicio
El juicio continuará en los próximos días con la exposición de los peritos informáticos, quienes explicarán el alcance del material secuestrado y su relevancia en la acusación.
Se espera que sus testimonios aporten mayor claridad sobre el rol de los imputados en la presunta distribución del contenido ilegal.
Asimismo, el tribunal escuchará a nuevos testigos propuestos por ambas partes, lo que permitirá contrastar versiones y fortalecer las conclusiones del proceso judicial.
