Tras la disolución del Ueno Bank, el presidente paraguayo anunció una renovación de autoridades y una ley de emergencia para acelerar la devolución de depósitos. La crisis afectó a miles de ahorristas y comprometió fondos de organismos públicos, mientras la oposición planteó la posibilidad de impulsar un juicio político.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este miércoles una serie de medidas para enfrentar la crisis financiera provocada por la disolución del Ueno Bank, entre ellas la renovación de la conducción del Banco Central del Paraguay (BCP) y el envío de una ley de emergencia destinada a facilitar la recuperación de los ahorros.
La decisión llegó después de que el organismo regulador dispusiera el cierre de la entidad bancaria por problemas de solvencia, una situación que generó preocupación entre los depositantes y abrió un nuevo frente de tensión política para el Gobierno.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Peña reconoció la incertidumbre que atraviesan los clientes del banco y aseguró que su administración trabaja para garantizar respuestas inmediatas.
"Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer", expresó el mandatario.
En esa línea, sostuvo que "La prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables".
Cambios en el Banco Central en medio de cuestionamientos
Como parte de las primeras medidas, Peña informó que remitió al Congreso el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay, acompañado por Pedro Acosta y Edsel González como integrantes del directorio.
Según explicó, los tres candidatos cuentan con experiencia en el sistema financiero y antecedentes vinculados con la gestión de situaciones de crisis.
La renovación se produjo en medio de cuestionamientos hacia el hasta entonces titular del BCP, Carlos Carvallo, debido a su anterior vinculación con la entidad afectada.
Antes de asumir la conducción del Banco Central en 2023, Carvallo había presidido la Financiera Ueno, antecesora del banco cuya disolución desencadenó la crisis.
Aunque el funcionario anunció su renuncia, señaló que permanecería transitoriamente en el cargo para acompañar el proceso de resolución bancaria.
Una ley de emergencia para devolver los depósitos
El Gobierno paraguayo también comenzó a gestionar una ley de emergencia para acelerar la restitución del dinero a los ahorristas.
Peña indicó que mantuvo conversaciones con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para avanzar con la iniciativa, que permitiría alcanzar al 98% de los depositantes del Ueno Bank.
La intención oficial es que los primeros pagos puedan concretarse durante esta misma semana, aunque la implementación dependerá de la aprobación de la normativa y de los mecanismos establecidos para su ejecución.
La disolución de la entidad fue ordenada por el Banco Central después de detectar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo exigido.
La medida, anunciada durante la madrugada del martes, provocó el congelamiento de depósitos pertenecientes tanto a particulares como a instituciones públicas.
Entre los fondos comprometidos figuran aproximadamente 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), vinculados con recursos que incluyen depósitos correspondientes a unos 32.000 jubilados.
También quedaron alcanzados fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional de Itaipú, además de los ahorros de miles de clientes particulares.
Qué ocurrirá con los ahorros que superen el monto garantizado
El sistema financiero paraguayo cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que establece una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante.
Ese límite equivale a 228.300.000 guaraníes, aproximadamente 38.622 dólares, según los valores informados.
En el caso de los depósitos que superen ese monto, la recuperación del dinero dependerá del resultado del procedimiento de exclusión de activos y pasivos que lleve adelante la Superintendencia de Bancos.
Mientras tanto, el Gobierno busca acelerar la respuesta institucional para contener la incertidumbre y evitar que las consecuencias del cierre se extiendan al resto del sistema financiero.
La crisis también adquirió una dimensión política, luego de que sectores de la oposición comenzaran a plantear la posibilidad de promover un juicio político.
En ese contexto, Peña aseguró que los responsables del colapso bancario deberán responder ante la Justicia, mientras su administración intenta avanzar con la devolución de los fondos y la reorganización de las autoridades monetarias.
