La crisis del transporte público a nivel nacional comenzó a sentirse con fuerza en Misiones, donde desde la medianoche de este jueves se interrumpió el servicio de colectivos en Posadas y el área metropolitana debido a la falta de pago de salarios a los choferes.
La medida fue impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que resolvió una retención de tareas en aquellas empresas que no abonaron la totalidad de los haberes de marzo. Según fuentes del sector, los trabajadores locales aún no cobraron sus sueldos y, en algunos casos, vienen percibiéndolos de manera fraccionada desde hace meses.
El conflicto se enmarca en una situación más amplia que afecta a todo el país. Empresas del transporte urbano confirmaron que no recibieron los fondos adeudados por parte del Estado nacional, correspondientes a subsidios y compensaciones como los atributos sociales de la SUBE. La deuda, según la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), supera los 30.000 millones de pesos en el interior.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el impacto también se hace sentir, las empresas redujeron las frecuencias en un 30% en las últimas horas. Sin embargo, desde la UTA advirtieron que los fondos informados por el Gobierno no llegaron a todas las prestatarias, lo que derivó en la medida de fuerza.
Desde el sector empresario describen el escenario como una “tormenta perfecta”, marcada por el aumento de costos -como el gasoil, que subió más de un 35%-, la caída de pasajeros y el atraso en los subsidios. A esto se suma la expansión del transporte irregular, señalado como una competencia desleal que profundiza el desequilibrio financiero.
En Misiones, la situación es crítica. Empresarios del sector advirtieron que la falta de recursos hace imposible afrontar salarios y sostener la operación normal del servicio. En ciudades como Posadas, Eldorado y Montecarlo, los choferes confirmaron su adhesión al paro, mientras que en algunos casos los pagos apenas alcanzaron una parte de los sueldos. En Puerto Iguazú, en tanto, el servicio se mantiene con normalidad.
El trasfondo del conflicto vuelve a poner en discusión la distribución de subsidios, históricamente concentrados en el AMBA. Desde FATAP sostienen que la mayoría de las empresas del interior enfrenta serias dificultades para sostener el servicio, en un sistema que garantiza millones de viajes mensuales y resulta esencial para la movilidad cotidiana.
La medida de fuerza podría levantarse en las próximas horas si se acreditan los fondos pendientes y se regulariza el pago de salarios. Mientras tanto, miles de usuarios en la provincia se ven afectados por la interrupción del servicio.