Argentina atraviesa un proceso sostenido de destrucción de empleo y cierre de empresas. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se cerraron 17.063 firmas más de las que abrieron, un promedio de 28 por día, con un saldo negativo de 236.845 puestos de trabajo en el sector privado. En el mismo período, el sector público nacional registró 61.569 despidos, lo que eleva el total a cerca de 300.000 trabajadores que perdieron su empleo en dos años consecutivos.
En el ámbito estatal, se contabilizó un promedio de 81 despidos diarios durante ese lapso. Los datos surgen de informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborados a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Las actividades más afectadas fueron la construcción y la industria manufacturera. Tras el fuerte derrumbe de 2024, provocado por la paralización de la obra pública y la recesión asociada al ajuste del gasto estatal, ambos sectores continúan muy por debajo de los niveles de 2023: la construcción se ubica un 22% por debajo del promedio de ese año y la industria manufacturera, un 9%.
Lejos de haberse detenido, el proceso de despidos continúa. Sindicatos estatales advierten que el ajuste podría profundizarse en las próximas semanas y no descartan una nueva ola de cesantías tras el cierre del año, lo que refuerza un escenario de incertidumbre persistente para miles de trabajadores.
El impacto del ajuste no fue homogéneo. Según el análisis del CEPA, los organismos descentralizados concentraron las mayores pérdidas, seguidos por las empresas públicas. El caso más significativo es el del Correo Argentino, con 5.232 puestos de trabajo eliminados. Le siguen Operadora Ferroviaria S.E., con 3.526 despidos, y el Banco Nación, con 2.128.
Dentro de la Administración Pública Nacional, que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, la mayor reducción en términos absolutos se registró en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con 3.260 cesantías. A continuación aparecen el CONICET, con 2.080 despidos, y la ANSES, con una reducción de 1.609 trabajadores.
En términos proporcionales, el recorte más severo se dio en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64% de su planta. Le siguieron la Junta de Seguridad en el Transporte, con una reducción del 47%, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, con un ajuste del 44%.
El CEPA también relevó un mapa federal de conflictos laborales y cierres de empresas, que registra 629 casos entre 2024 y 2025. La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 168 conflictos, seguida por Santa Fe con 65, considerando despidos, suspensiones, cierres, quiebras, crisis empresariales, retiros voluntarios y riesgos de venta.
En Santa Fe, los conflictos involucran a empresas de gran peso como Sancor, Vicentín, Verónica, Vasalli, Tenaris, Acíndar, Swift y Cargill. En la provincia de Buenos Aires predominan los casos vinculados a pequeñas y medianas empresas. La Rioja contabiliza 52 conflictos, por encima de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, ambas con 38. En el extremo opuesto se ubican Formosa con 3 casos, Santiago del Estero con 5, Neuquén con 7 y Chaco con 9.