En un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el gobierno de Javier Milei se prepara para difundir su interpretación sobre el período 1976-1983 y el rol de los organismos de derechos humanos, en una fecha atravesada históricamente por reclamos de memoria, verdad y justicia.
Como en años anteriores, la administración nacional elaboró un video institucional con el objetivo de fijar su posicionamiento. La pieza audiovisual, producida desde la Casa Rosada y coordinada por el equipo cercano al asesor Santiago Caputo, sigue una línea similar a la difundida en 2025. En aquella ocasión, el mensaje oficial hizo hincapié en la idea de “memoria completa”, cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y puso el foco en las víctimas de organizaciones armadas.
Dentro de esa narrativa, el oficialismo sostiene que durante décadas predominó una visión parcial sobre lo ocurrido en los años setenta. En contraposición, plantea la necesidad de incorporar al debate el accionar de agrupaciones como ERP y Montoneros, así como el impacto de la violencia política previa al golpe.
Este enfoque ha sido promovido de manera constante por Milei, incluso antes de su llegada a la presidencia, y se consolidó políticamente junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Villarruel es fundadora del CELTYV, una organización que impulsa el reconocimiento de víctimas civiles de organizaciones armadas en la década del 70.
Otro de los ejes del discurso oficial es el cuestionamiento a la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, punto sobre el cual el Presidente ha manifestado reiteradamente que no cuenta con respaldo empírico, lo que lo ha llevado a confrontar con organismos de derechos humanos.
En paralelo al posicionamiento discursivo, el Gobierno avanzó con una serie de medidas concretas en el área. Durante 2024 se dispuso la reducción de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina a subsecretaría, lo que implicó un recorte en su estructura y personal.
Además, se registraron tensiones con organismos como la CONADI, en el marco de investigaciones por apropiación de menores durante la dictadura. En esa línea, también se resolvió el cierre de la Unidad Especial de Investigación vinculada a estos casos y se aplicaron ajustes presupuestarios al Banco Nacional de Datos Genéticos.
Desde el oficialismo aseguran que estas decisiones responden a una reconfiguración del rol del Estado en la materia y a una revisión de políticas implementadas en gestiones anteriores.
En cuanto a las movilizaciones del 24 de marzo, el Gobierno anticipó que se garantizará la seguridad durante las marchas, que en los últimos años se desarrollaron sin incidentes. Según indicaron fuentes oficiales, no está previsto desplegar operativos que impliquen una presencia excesiva de fuerzas en las calles, con el objetivo de evitar tensiones en una jornada de alta sensibilidad social.