El pedido de los pobladores, el compromiso del gobernador Hugo Passalacqua, el respaldo político e institucional del conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, y el trabajo legislativo se avinieron finalmente en la sesión que dio nacimiento al Municipio Nº 76 de la provincia de Misiones.
En el Recinto se vivió una jornada histórica y festiva, pero esa noche fue el corolario de una problemática de casi dos siglos, que nace con las primeras divisiones de tierras y la llegada de los inmigrantes.
La historia recuerda a empresas con ansias meramente extractivas, beneficiadas con decenas de miles de hectáreas adquiridas a precios viles, que se encargaron -durante décadas- a arrasar el monte misionero a cambio de prácticamente nada.
Mientras tanto, hace casi 30 años, centenares de familias corroídas por un modelo económico que no los incluía en su ecuación, se iban asentando en pequeños fragmentos de esas extensiones para una cuestión básica, supervivencia, y producción de alimentos para el sustento diario.
Pero esa intención de supervivencia no fue gratuita: los ocupantes fueron perseguidos y amedrentados por los propietarios y hasta -peor aún- por algunas instituciones del propio Estado, las que a pesar de su poder no pudieron doblegarlos en su lucha.
Estalla un modelo y se devela el reclamo
La sociedad comenzó a tomar nota de este cuadro de situación cuando a principios de este siglo los pobladores de la zona visibilizaron su reclamo. Cortes de ruta, marchas, protestas y reclamos al sector político dan cuenta del inicio de la lucha, que tuvo muchos sinsabores y tristezas.
Empresas insignes como “Puente Alto SA”, “Colonizadora Misionera SA” y “Maderas Nativas SRL” -las más afectadas por la instalación de asentamientos- endurecieron su postura en defensa de sus latifundios y no accedieron a ninguna instancia de mediación. No atendieron ni siquiera la intención de los ocupantes de comprarles la tierra.
Durante la fundamentación de la iniciativa en el Reciento parlamentario, la legisladora Claudia Gauto -del Frente Renovador- explicó que fue fundamental para este proceso y resolución feliz para los pobladores, el Plan de Arraigo y Colonización (Ley 4093, sancionada en el año 2004), que organizó la distribución de 40 mil hectáreas en manos de casi 2200 familias agricultoras.
La falta de compromiso social y solidaridad de parte de aquellos propietarios, y un Estado que tomó como propio el conflicto social que allí se propagaba, llevó a que en el año 2013 el Gobierno de Misiones dispusiera los pasos legales necesarios para la expropiación y posterior regularización de dominios para poder legalizar una realidad de hecho.
Fueron 23 millones de pesos que se les pagaron a “Colonizadora Misionera SA” (19 mil hectáreas), “Puente Alto SA” -ex Intercontinental- (18 mil hectáreas) y “Maderas Nativas SRL” (poco más de 500 hectáreas). Dado que no aceptaron esa decisión, el Estado misionero realizó el depósito judicial de ese monte y hasta el día de la fecha se mantiene el conflicto judicial.
Características del nuevo Municipio
En principio, este nuevo distrito contará con aproximadamente 90 mil hectáreas -la cifra definitiva se confirmará a partir de la conformación de sus límites-, y cerca de 10 mil habitantes. Además de las tierras que cederán las localidades de San Pedro y Bernardo de Irigoyen, en el texto de la Ley se indica que la coparticipación que se destinará a Pozo Azul será atendida con fondos de Rentas Generales sin afectar lo que hasta el momento reciben el resto de los municipios, y hasta tanto se analice un nuevo régimen de coparticipación provincial.
Rostros con historias y vivencias
Los pobladores acompañaron el debate y la sanción de la creación del nuevo municipio. Muchas de sus caras, sufridas y emocionadas, expresaron la felicidad que pone fin a una historia de lucha y resistencia.
El proyecto
Estará a cargo de la concreción de la iniciativa una comisión de seguimiento de la municipalización -a integrarse con representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y se designará además un delegado interventor para llevar adelante la organización institucional, administrativa, jurídica y política del nuevo municipio, estableciéndose en el texto sancionado que quien ejerza ese cargo no podrá ser candidato a cargos electivos en los comicios siguientes a su nombramiento. También se dispone la creación de un Juzgado de Paz de segunda categoría.