El Ejecutivo oficializó la distribución de fondos prevista por la ley y fijó nuevos controles para la asignación de puestos, el manejo de créditos y el financiamiento de organismos y empresas estatales.
El Gobierno nacional formalizó la distribución de las partidas correspondientes al Presupuesto 2026 y avanzó en un esquema más estricto para la administración de fondos y designación de cargos en la estructura estatal. La decisión fija criterios precisos sobre cómo se asignan los recursos y quiénes son los responsables de autorizar cada movimiento.
La medida reglamenta la aplicación de la Ley N° 27.798 y define el reparto de créditos y dotaciones para todos los organismos nacionales, tanto en gastos corrientes como en gastos de capital. Los montos asignados a cada dependencia quedaron detallados en anexos oficiales.
Uno de los puntos centrales es que el jefe de Gabinete concentrará la facultad de desagregar los créditos hasta el nivel más específico de partidas y programas, con el objetivo de reforzar el control sobre la ejecución presupuestaria en cada área del Estado.
En materia de empleo público, se estableció que toda cobertura de vacantes deberá contar con certificación previa de disponibilidad presupuestaria y efectiva inexistencia del cargo. Además, cualquier modificación en puestos ejecutivos requerirá la intervención de las secretarías de Transformación del Estado y de Hacienda, con aval final del Presidente.
El esquema también ordena el financiamiento de las empresas públicas no financieras, que deberá canalizarse exclusivamente a través de las obligaciones a cargo del Tesoro Nacional, y condiciona los pagos al cumplimiento de requisitos legales y administrativos.
La normativa refuerza los controles sobre la evolución de las plantillas: cada organismo deberá informar trimestralmente la situación de su personal y justificar cualquier cambio en su estructura antes de obtener autorización. En paralelo, se fijó un cronograma de transferencias al Tesoro en cuatro cuotas anuales durante 2026.
El Gobierno introdujo, además, un régimen de créditos “indicativos”, que permite ajustes en determinadas partidas según la marcha del ejercicio, y estableció autorizaciones especiales para movimientos vinculados a gastos de inteligencia.
Por último, se endurecieron los requisitos para obras públicas y compras de bienes de uso, que solo podrán avanzar con dictamen técnico favorable, y se reforzó el sistema de seguimiento de programas, con la posibilidad de frenar pagos ante incumplimientos reiterados en la rendición de información.