En la mañana de este jueves, la Justicia dictaminó la medida cautelar presentada este jueves por el defensor del pueblo de Posadas, Alberto Penayo, la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini y el diputado provincial, Roque Gervasoni, que obliga a la empresa prestataria del servicio de agua potable a abstenerse del cobro de la tarifa a usuarios afectados.
Ante esta situación, la semana que viene realizarán una audiencia, mediante la cual pedirán a la empresa presentar un plan de contingencia para mitigar la situación de los posadeños.
“De esta manera se traslada la instancia administrativa que se llevaba adelante desde la Defensoría al ámbito de la Justicia. Y en el caso de que la empresa no cumpla con la resolución, solicitaremos astriente” sentenció el Defensor del Pueblo.