Las empresas atraviesan un escenario de creciente tensión laboral. En los primeros siete meses de 2026 se iniciaron al menos 153 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo. La cifra implica que, considerando los días hábiles transcurridos hasta el 23 de julio, se presentó más de un trámite por jornada.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, ya se acumularon 448 solicitudes: 131 durante 2024, 164 en 2025 y otras 153 hasta el 23 de julio de este año.
El aumento de los procedimientos se produce en paralelo con una nueva aceleración en la destrucción neta de empresas. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en mayo se registró una baja de 2.371 unidades productivas, equivalente al 0,49% del total. En los últimos tres años, el país perdió más de 30.000 empresas.
Crece la cantidad de empresas en situación de crisis
El incremento de los procedimientos preventivos muestra que, además de las empresas que dejaron de operar, también crece la cantidad de firmas que permanecen activas pero enfrentan dificultades para sostener sus niveles de empleo y actividad.
La evolución anual permite dimensionar el fenómeno. En 2015 se habían iniciado 33 procedimientos; en 2016 fueron 55 y en 2017, 63. La cifra escaló a 153 en 2018 y 184 en 2019, en un contexto marcado por la crisis cambiaria y la recesión.
Posteriormente, los registros descendieron: fueron 26 en 2020, 24 en 2021, 43 en 2022 y 42 en 2023. La caída coincidió, en parte, con la implementación de medidas estatales de asistencia durante la pandemia y el período posterior.
Con las 153 solicitudes registradas hasta el 23 de julio de 2026, el número ya supera ampliamente los niveles observados durante varios de los últimos años.
Qué implica un Procedimiento Preventivo de Crisis
El Procedimiento Preventivo de Crisis es una instancia legal de mediación obligatoria que deben iniciar determinadas empresas ante la Secretaría de Trabajo cuando pretenden avanzar con despidos o suspensiones masivas por razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.
El mecanismo busca generar una instancia de negociación entre empresas, sindicatos y el Estado, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan evitar o reducir la pérdida de puestos de trabajo.
Durante este proceso pueden analizarse medidas como adelantos de vacaciones, reducción de jornadas, suspensiones, modificaciones temporales de las condiciones laborales o planes de retiro, entre otras alternativas.
El crecimiento de estos trámites durante 2026 se suma así a los indicadores que muestran un deterioro en la situación de parte del entramado productivo argentino, con empresas que enfrentan dificultades para sostener su actividad y sus niveles de empleo.