La cantidad de juicios laborales por accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo alcanzó un récord histórico en 2025. A lo largo del año se iniciaron 134.141 nuevas demandas, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART), lo que profundizó el nivel de conflictividad judicial del sistema.
De acuerdo con el informe, si bien las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo lograron cerrar cerca de 70.000 causas durante el año, el stock total de juicios continuó en aumento y trepó a 318.000 expedientes en trámite.
La UART advirtió que el crecimiento de la litigiosidad se produce a pesar de una marcada mejora en los indicadores de seguridad laboral. El relevamiento señala que los accidentes de trabajo se redujeron un 55% y los fallecimientos en el ámbito laboral cayeron un 80%. Desde la implementación del sistema, se habrían evitado 4,7 millones de accidentes y se habrían salvado unas 19.000 vidas, con cobertura integral y oportuna.
No obstante, el informe remarca que la judicialización no se detiene. Desde 2020, la cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo aumentó un 200%, y en 2025 se alcanzó el mayor volumen de demandas de la serie histórica.
El reporte se difundió en un contexto en el que el Congreso se prepara para debatir una reforma laboral que incluye la creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a que las empresas puedan afrontar los costos derivados de los litigios.
En la comparación internacional, la UART señaló que Argentina presenta niveles de cobertura y siniestralidad similares a los de Chile y España, pero una litigiosidad muy superior. Mientras que en Chile se registran 5,8 demandas cada 10.000 trabajadores y en España 8,5, en Argentina el índice asciende a 132,8. Según la entidad, una dinámica que debería ser excepcional se transformó en un rasgo estructural del sistema.
El informe agrega que a los juicios por riesgos del trabajo se suman otras demandas laborales, como despidos, reclamos salariales y conflictos vinculados al derecho individual, lo que amplía aún más la presión sobre el sistema judicial y el mercado laboral.