El Gobierno nacional sumó un nuevo respaldo judicial en el marco de la reforma laboral, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolviera que la causa impulsada por la CGT no tramitará en la Justicia del Trabajo, sino en el fuero contencioso administrativo. La decisión representa un nuevo revés para la estrategia judicial de la central obrera.
El fallo, alineado con la postura de la Casa Rosada, fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, quienes definieron la competencia tras un conflicto entre tribunales.
La disputa se había originado cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en el expediente. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó ese criterio y buscó trasladar el caso al fuero laboral, lo que derivó en la intervención de la Cámara para resolver la controversia.
Finalmente, los camaristas determinaron que el expediente debe continuar en el ámbito contencioso administrativo federal, en línea con lo establecido por la Ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su resolución, el tribunal también cuestionó el accionar del juzgado laboral, al considerar que se apartó del procedimiento previsto para este tipo de planteos, generando un conflicto que impacta en la celeridad del proceso judicial.
Al fundamentar su decisión, los magistrados señalaron que el caso involucra cuestiones de carácter federal, como la validez de una ley del Congreso y la definición de competencias entre tribunales, aspectos que exceden el ámbito estrictamente laboral.
Para la CGT, el fallo implica un escenario menos favorable en su intento por frenar la reforma, aunque tanto el Gobierno como la central sindical coinciden en que la disputa terminará siendo definida por la Corte Suprema.