Las problemáticas carcelarias abarcan un universo de profunda complejidad, y en la actualidad se trabaja desde diversos ámbitos, con nuevas miradas, para intentar revertir sentidos enraizados, una lucha titánica por momentos, ya que se trata de modificar condiciones estructurales y a la vez conceptuales.
Es fundamental en pos de ese objetivo el trabajo que realiza la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que encabeza la abogada Rita Núñez, quien acaba de presentar el informe público anual (noviembre 2017 a octubre 2018) en la Cámara de Representantes.
En una entrevista con Códigos, la profesional explicó que esta Comisión es un órgano de monitoreo con facultades para ingresar a las unidades carcelarias, proponer recomendaciones y llevar adelante acciones de colaboración interinstitucional. “Nuestro objetivo principal es la prevención de torturas, que no deben verse solo como las físicas, sino también con el trato inhumano o degradante”.
Añadió que se trabaja para hacer comprender al personal penitenciario que “hay procedimientos que no pueden ejercer porque son un delito, y que pueden ir presos por ello”, y enfatizó que para poder realizar este trabajo “es fundamental el apoyo político y la libertad que tenemos. Siempre tuvimos apertura por parte del Ministerio de Gobierno, de la Subsecretaría de Seguridad, de la Policía y del Servicio Penitenciario para plantear nuestras ideas”.
Subraya además que “Misiones es la única provincia con fueros e independencia interinstitucional, y si bien nuestras propuestas no son obligatorias, sí o sí son vinculantes”.
“Tratamos de acercar a las partes”
Al presentar el informe, Rita Núñez indicó que “se nota una evolución ya que vamos recibiendo menos denuncias en ciertos ámbitos y vamos viendo cambios en las infraestructuras penitenciarias”; y que en la mayoría de las cárceles de Misiones “se observan mejoras en cuanto a la calidad y las disposiciones humanitarias”. Para llegar a estas conclusiones, Núñez explicó que trabajaron en las Unidades Penitenciarias y, especialmente, en las Comisarías, que “son 183 y con tal cantidad pudimos ampliar el panorama y ver diferentes cosas”.
“A partir de una metodología establecida en la ley, las visitas son no anunciadas y entrevistamos a las personas privadas de libertad sin custodia, lo que hace que tengamos información de primera mano; y a partir de esto se elaboran dos documentos: uno preliminar y confidencial, que va directamente al Ministerio de Gobierno para proponerles cambios y recomendaciones; y otro público anual, con los objetivos que se pudieron cumplir y los que faltan”, detalla.
Más adelante también aclara que “si bien como órgano de monitoreo que somos, sin ser parte del Poder Ejecutivo, hay cosas que no podemos hacer”, destacó que “sí tratamos de acercar a las partes, informando a las personas que están privadas de la libertad -por ejemplo- sobre cosas que el Estado tiene para brindar y que se desconocen”.
La titular de esta Comisión recordó luego que “este cuerpo surgió en su momento porque si bien a nivel internacional existía la Convención contra la Tortura, en los hechos era solo una declaración de deseos, y por eso la ONU establece un protocolo facultativo para el monitoreo de los lugares de detención, porque se comprobó que la prevención de la tortura funciona en la medida que un tercero pueda observar lo que sucede”.
“Las políticas de Estado llevan su tiempo”
A partir de los detalles del informe presentado en la Legislatura, se sabe que además de una merma en la cantidad de denuncias por maltrato, o trato inhumano y degradante, se constata también una mejora en cierta en cuestiones edilicias, como algunas Unidades Penales pintadas y mejoradas, y otros aspectos relacionados a la calidad de vida de los alojados. “En Eldorado, por ejemplo, se da un fenómeno particular con el programa de rugby, que registra muchos beneficios”.
Pero centra especial atención en lo que respecta a los menores detenidos, porque “dentro de la vulnerabilidad propia de la persona privada de libertad, los chicos son el sector más desprotegido”, y ante esa realidad, Núñez indica que “llevamos adelante jornadas de concientización; se propusieron especializaciones para los penitenciarios que atienden a los chicos; y queremos lograr que nuestro Instituto Correccional de Menores se transforme en un Centro Educativo como debería ser”.
“Los resultados de una Política de Estado como la que lleva adelante Misiones -de hecho, la quinta provincia que tiene un órgano de este tipo-, lleva tiempo, pero tenemos buenas expectativas”, asegura la titular de la Comisión, y agrega que hay cuestiones conceptuales claves para hacer un buen trabajo: “Por ejemplo, no podemos hablar de reinserción sino de inserción, porque estos chicos tuvieron su primer contacto con el Estado en una unidad penitenciaria. Si bien hay excepciones, en su mayoría provienen de ámbitos muy vulnerables”.
“Estos chicos repiten a veces esquemas que tienen incorporados como naturales, o están asociados al consumo de estupefacientes y delinquen en estado de inconciencia. Todas estas cosas son parte de una realidad que la sociedad no comprende, y nosotros tenemos una responsabilidad extra con ellos para poder tener buenos resultados de inserción”, finalizó.
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