El fin de semana que pasó fue muy distinto a lo que debió ser. No hubo ni un segundo de fútbol. Nadie disfrutó del superclásico de vuelta de la final de la Copa Libertadores. La pelota nunca rodó, los jugadores no llegaron a ponerse los botines y el público vivió dos días de incertidumbre, tristeza y hasta temor. El cobarde ataque al micro de los jugadores de Boca en la llegada al Monumental reemplazó los debates futbolísticos por las conjeturas institucionales, médicas y políticas sobre lo sucedido. Todo se resolverá esta semana, aunque quizás a muchos ya no le importe.
Ahora bien, mientras el presidente Rodolfo D’ Onofrio se prepara para viajar mañana a Asunción, Paraguay, para asistir a la reunión que Conmebol convocó con los dos máximos dirigentes de los clubes, en River se encargan de analizar y preparar el descargo sobre lo sucedido. Y apuntarán, principalmente, a encargarse de demostrar las importantes fallas que tuvo el operativo de seguridad, desprotegiendo a la delegación xeneize en el punto más cúlmine del recorrido: Avenida Libertador y Lidoro Quinteros, intersección donde comienza el vallado y donde se produjo el ataque principal.
“Nosotros pagamos con plata del club los tres mil efectivos para que ellos coordinen el operativo”, es una de las frases que un integrante de la CD millonaria le dijo a La Nació durante las horas caóticas del fin de semana. Es que en Núñez apuntan directamente a la responsabilidad estatal, ya que consideran que la agresión se dio a 750 metros del estadio, en un sector de libre circulación y sin la prevención ni el cuidado que ameritaba: no estuvo el vallado estipulado con 50 metros de distancia entre el micro y los hinchas, por ejemplo, ni se colocaron tapiales de madera que suelen utilizarse.
Para realizar los dos operativos de seguridad del sábado y del domingo, River gastó entre 20 y 25 millones de pesos. Eso representa un 30% del total de la recaudación neta que le queda al club: ingresaron, en bruto, 100 millones de pesos por la venta de entradas para la final.