El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó el sistema de pensiones no contributivas por invalidez y afirmó que aproximadamente el 60% de los beneficios fueron otorgados de manera irregular. A través de una publicación en la red social X, denunció presuntas maniobras políticas en la entrega de certificados y defendió las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para revisar las prestaciones.
“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas. Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”, sostuvo Caputo, aunque no presentó en su publicación documentación que respaldara ese porcentaje.
El funcionario también cuestionó la postura del Congreso frente a las iniciativas del Ejecutivo. Según expresó, mientras el Gobierno intenta eliminar las pensiones que considera fraudulentas, los legisladores buscan obstaculizar esas medidas y ampliar la cantidad de prestaciones. “Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra”, aseguró.
En ese contexto, Caputo sostuvo que las presuntas irregularidades afectan los recursos disponibles para quienes efectivamente necesitan asistencia por discapacidad. Sus declaraciones se produjeron durante la misma semana en que el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley contra el fraude en las pensiones por invalidez, destinado a establecer mecanismos de prevención, detección y sanción de irregularidades en el sistema.
Los cuestionamientos también coincidieron con la difusión de una denuncia contra Romina Uhrig, exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, por un certificado de discapacidad que habría sido emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno. Según la información difundida, el documento tendría vigencia hasta 2028.