El Senado sancionó una nueva Ley de Financiamiento Universitario con amplio respaldo opositor y de senadores provinciales. Acompañaron la iniciativa los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, todo el bloque de Unión por la Patria, once radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.
El debate recordó lo ocurrido en septiembre de 2024, cuando el Congreso aprobó una norma similar que fue vetada un mes después por Javier Milei bajo el argumento de que implicaba un “impacto fiscal insostenible”. El presidente ya anticipó que volverá a rechazar la nueva ley, lo que abriría un escenario complejo: para insistir y convertirla en vigente, el Congreso necesitaría reunir los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor al del año pasado.
Los puntos centrales de la ley
-Actualización automática del presupuesto: desde enero de 2025, el Ejecutivo deberá ajustar trimestralmente los fondos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
-Funcionamiento garantizado: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
-Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción, nunca por debajo del IPC. Las sumas no remunerativas pasarán al básico.
-Becas al día: Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras se actualizarán por inflación y aumentarán de manera progresiva según la matrícula.
-Impulso a la investigación: partida específica para ingresos a la carrera de investigador.
-Mayor control institucional: auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN), con informes remitidos al Congreso.
El trasfondo político y social
La aprobación ocurre en medio de una caída real del presupuesto universitario del 46,7%, parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%. La presión social crece en un sistema que integra a dos millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.
La discusión vuelve a poner en juego dos modelos de país: el oficialismo, que prioriza el equilibrio fiscal con recortes, y un Congreso que defiende el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico a largo plazo.