Los senadores fueron convocados a una sesión extraordinaria para el próximo viernes 26 de diciembre para tratar los proyectos de leyes de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal.
Así lo dispuso este viernes la vicepresidenta Victoria Villarruel para lo que se espera que sea un nuevo maratónico y caliente debate en la Cámara alta que comenzará hacia las 12 del mediodía.
Durante este viernes, La Libertad Avanza logró dictamen para tratar el Presupuesto en el Senado, después de que el Gobierno obtuviera la media sanción del proyecto en Diputados. El oficialismo consiguió este paso fundamental tras dos horas de debate en Comisión y con la aprobación de 11 firmas sobre 19, en donde además no se plantearon modificaciones al texto.
La intención del oficialismo era reincorporar el capítulo XI, que fue rechazado en la votación particular por la Cámara de Diputados, pero finalmente no logró incluirlo en el dictamen de mayoría. Esta sección es la que incluye el artículo 75, cuestionado por la oposición, ya que deroga las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad.
Según fuentes parlamentarias, se espera que los senadores aprueben el Presupuesto, pero con modificaciones. De esta manera, la iniciativa volvería a la Cámara Baja. Una de las propuestas del oficialismo será que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber jubilatorio mínimo. También habría cambios en el artículo referido a las auditorías de las pensiones; se eliminaría la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y se mantendría solo por invalidez laboral.
Durante la sesión del viernes 26 se tratará también el proyecto de Inocencia Fiscal, que, junto al Presupuesto 2026, también obtuvo media sanción de la Cámara baja durante el debate el miércoles. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario para actualizar los montos mínimos a partir de los cuales la evasión tributaria es considerada delito penal: el piso pasa de $1,5 millones a $100 millones.
Según el Gobierno, el objetivo es reducir la criminalización de infracciones menores e incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados en unos u$s243 mil millones fuera del circuito formal. El proyecto redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales, focaliza la intervención penal en casos de evasión relevante, fija límites a la prescripción de las faltas tributarias y establece la extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación ante el fisco.