Durante la tarde del martes, el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini y el diputado provincial (FR), Roque Gervasoni fueron convocados en la chacra 11 por vecinos que tienen sobre si, una sentencia de desalojo.
“La historia se repite: terrenos que antes no eran considerados importantes, hoy toman un valor preponderante debido a que lindan en este caso, con la Costanera”, sostuvo Penayo. “Se iniciaron acciones judiciales con el pretexto de cobrar honorarios a partir de la expulsión de los poseedores de los terrenos; ignorando los derechos de éstas 13 familias”, indicó.
Durante la visita, los funcionarios escucharon a los afectados y todo es reiterativo. “Personas que perdieron su trabajo, que no tienen sueldo y por ende, no pueden pagar un alquiler y que viven hace 29, 31, 40 y más años, con niños pequeños, discapacitados, adultos mayores. Varias generaciones”, expresó.
En la ocasión, el equipo de Derechos Humanos realizó un censo a fin de conocer en detalle, la situación de cada familia. Gervasoni, se puso a disposición para acompañarlos y estudiar con su equipo de abogados los marcos jurídicos posibles que puedan beneficiar a los afectados.
La Defensoría por su parte, presentará un amica curiae.
“El fallo de la justicia por tratado internacional debe tener en cuenta todo: niños, discapacitados, adultos. Eso es lo que le haremos ver. De esta manera, se da inicio al proceso”, afirmó Penayo. “Nos comprometimos a acompañarlos hasta las últimas consecuencias”, concluyó.
