El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el “presunto manejo irregular de fondos” vinculados al sistema de Seguridad Social.
La presentación fue impulsada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, junto al abogado Eduardo Barcesat, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde quedó registrada bajo el Nº 204/2026. La denuncia también alcanza a otros funcionarios del Ejecutivo.
En el escrito se solicita “la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, en concurso con “administración fraudulenta”, en relación con la “presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado”.
Según se expone en la presentación, dichos recursos “habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores”, un organismo que —según el gremio— es ajeno al sistema previsional y al régimen solidario de reparto “que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia”.
Desde STVyARA advirtieron que este escenario podría implicar “un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP”, que en su momento generaron “perjuicios económicos” para los trabajadores y “benefició a las entidades financieras”.
La acción judicial también incluye a funcionarios que “participaron en la elaboración” del proyecto de Ley de Modernización Laboral, así como a legisladores que votaron a favor de la Ley Nº 27.802.
Además, en el planteo se señala una posible vulneración de garantías constitucionales, en particular del artículo 14 bis, que establece el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. En ese marco, también se invocan tratados internacionales de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que resguardan los derechos laborales bajo los principios de “dignidad, progresividad y no regresión”.
Por último, desde el sindicato sostuvieron que “las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales”, en contraposición con los estándares fijados por la jurisprudencia nacional e internacional.