El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) aclaró que el Decreto Nacional 787/2025, firmado por el Gobierno de Javier Milei y publicado el 11 de noviembre en el Boletín Oficial, no tiene efecto en el territorio misionero.
La norma nacional elimina el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados y habilita a las instituciones educativas a fijar libremente sus cuotas y matrículas. Sin embargo, el SPEPM subrayó que en Misiones continúa plenamente vigente el régimen provincial de regulación y control, establecido por la Ley VI-46 (ex Ley 2987), que mantiene la supervisión sobre los valores que cobran los establecimientos de gestión privada.
“Misiones conserva la competencia plena sobre los aranceles educativos”, señaló el organismo en un comunicado oficial.
El SPEPM recordó que la administración de la educación privada fue transferida a las provincias en 1992, mediante la Ley Nacional 24.049, y que esa autonomía fue ratificada posteriormente por la Ley de Educación Nacional 26.206. Por ello, los colegios privados misioneros deben seguir ajustándose a la normativa provincial vigente y no pueden invocar el Decreto 787/2025 para modificar cuotas sin autorización previa.
Asimismo, el organismo confirmó que las resoluciones provinciales actuales —que fijan bandas arancelarias, topes de incremento y procedimientos de aprobación— continúan con plena validez y eficacia jurídica hasta que una norma provincial disponga lo contrario.
Desde el SPEPM destacaron que el control de los aranceles escolares tiene como objetivo garantizar transparencia, equidad y sostenibilidad en el sistema educativo, y que cualquier cambio deberá tramitarse conforme al esquema provincial.
“La desregulación nacional no altera el régimen vigente en Misiones, ya que la materia educativa es de competencia exclusiva provincial”, enfatizó el organismo.
De esta manera, los colegios privados de Misiones deberán seguir solicitando autorización para cualquier modificación de matrículas o cuotas, manteniendo el equilibrio entre la viabilidad institucional y la protección de las familias que integran el sistema educativo provincial.