El proceso de “recomposición” del precio de los servicios públicos, puesto en marcha desde 2016, “fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución”, remarca el estudio de la Universidad de Avellaneda.
“Esto se transparenta con claridad en el índice de precios al consumidor. Ocurre que el capítulo relativo a gastos de vivienda ya crece 45,2% más que el nivel general del indicador”, señala el estudio.
En tanto, observa que desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6,1%, a una sustantivamente mayor, de 26%. Así, Argentina pasó a la segunda posición en el ranking de ocho países de la región. El crecimiento desde 2016 hasta la fecha, posiciona al país sólo por detrás de Venezuela (41,5%) en términos del peso de los servicios sobre el salario mínimo, vital y móvil, destaca la Undav.
“Con todo, nuestro país fue el que mayor aumento verificó en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo, en los últimos tres años”, remarca.
La Universidad analiza que partiendo de un costo tarifario ínfimo, producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria, y convergencia acelerada a precios del mercado internacional.
En ese sentido, sostiene que el nuevo esquema redundó en una notable transferencia de recursos y que el “ahorro” que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros ingresos, donde se destaca la caída de recaudación producto de menores niveles de actividad económica.
Por último, señala que lejos de haberse agotado en los primeros tres años de la nueva administración, el proceso de sinceramiento tarifario seguirá su curso durante 2019 mientras que al significativo aumento en servicios del hogar, se agrega la fuerte suba anunciada en transporte público.
“Es así que, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2019. Según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año. Los menores egresos del erario público, no redundarán en una suba en los desembolsos para obras públicas. De hecho, la ley de leyes prevé un menor esfuerzo económico en gastos de capital aplicados a la generación de fuentes de energía que el destinado en 2018, a partir de una baja de 0,2% en relación al PBI”, concluye.
Fuente: Ámbito.