Al respecto del caso de las familias asentadas a la vera del arroyo Mártires, el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo sostuvo que “se trata de un caso sumamente complejo. Que para entenderlo, se debe tener en cuenta que hay un pedido de desalojo en proceso, cuya base legal hace pie en algunos aspectos jurídicos que tienen fuerte fundamentos”. Y agregó, “en este caso ya hay dos jueces actuando: Verón y Cardozo. Hay ocupación sobre terreno privado y de la EBY. Sobre eso no podemos actuar”.
Por otra parte, “se trata de una situación de riesgo por la falta de posibilidad de servicios como agua, energía y otros, que pone a todas las personas en una situación de vulnerabilidad inminente”, añadió.
Durante una reunión llevada a cabo en la Defensoría, dónde participaron cinco referentes de las familias, representantes de la Municipalidad, de la Entidad Binacional Yacyretá y Ministerio de Derechos Humanos, todos coincidieron que “ese lugar no es apto para que vivan personas. No hay servicios y tampoco es salubre”.
En la oportunidad, firmaron un acuerdo entre todos para hacer un relevamiento. “Se continuará haciendo el acompañamiento necesario, y debemos revisar caso por caso para acompañar un petitorio al gobierno, con el objeto de solicitar inmediata atención de los más vulnerados”, concluyó el ombunsman.