El legislador no hizo mención al pedido del fiscal Federico Delgado para que entregara voluntariamente su teléfono celular para que sea peritado. La nueva norma establece una capacitación obligatoria en violencia de género para todos los poderes del Estado.
En una de las últimas sesiones del año, el Senado tiene un temario que excluye el tratamiento del proyecto de ley anti barras bravas y la reforma del régimen de financiamiento de los partidos políticos, pese a que el presidente Mauricio Macri había establecido esos dos temas como los principales de la convocatoria a sesiones extraordinarias.
En la previa, el debate estuvo atravesado por la denuncia por abuso sexual contra el radical Juan Carlos Marino, quien tomó la palabra al inicio de la sesión para negar los hechos por los que es acusado. Marino además dijo que pondrá “a disposición” sus fueros parlamentarios, algo que no está en su poder, ya que ese beneficio no es individual de cada legislador, sino que le corresponde al Congreso como uno de los tres poderes del Estado.
Por otro lado, Marino obvió mencionar el pedido del fiscal Federico Delgado para que entregue su teléfono celular con el objetivo de que sea peritado en el marco de la denuncia de Claudia Guebel.
En la reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron los jefes de todos los bloques ayer, martes, se resolvió postergar para febrero el debate de los proyectos sobre violencia en el fútbol y sobre financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales. Tanto el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, como el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, coincidieron en señalar que ambos temas serían tratados en febrero si el Gobierno convoca nuevamente a extraordinarias.
El tema principal de la sesión fue la llamada “Ley Micaela”, que ayer obtuvo media sanción en Diputados, y hoy fue aprobada con 59 votos a favor y ninguno en contra. La norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
Según el proyecto, la capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
El proyecto fue impulsado por el Movimiento Evita y llamado de esa manera en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en la ciudad de Gualeguay en 2017. “Es una forma de cambiar costumbres ancestrales, de tener otra mirada y de aprender entre todos y tener la responsabilidad como funcionarios o empleados del Estado de poder capacitarnos en entender cómo respetarnos entre hombres y mujeres”, destacó la senadora de Cambiemos Laura Rodríguez Machado.
A su turno, la justicialista Sigrid Kunath destacó que “este año sin duda ha marcado un hito en la visibilización de la desigualdad y la violencia de género” y agregó: “Creo en la educación como herramienta para ir desterrando los modos que responden al patriarcado”. En tanto, la kirchnerista Nancy González subrayó la importancia de la nueva norma e indicó que “los logros de esta ley se van a ver a largo plazo, no son logros que se vean inmediatamente”.
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y en los tres poderes del Estado.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo. Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres publicará en su página web un informe sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas.
Además, el organismo elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual. De acuerdo al proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate”.