El oficialismo convocó a la reunión de la comisión de Presupuesto en Diputados para analizar la propuesta del peronismo “dialoguista” sobre precios razonables. Desde el oficialismo quieren analizar el costo que le ocasionarían a las provincias si hay avanza una reducción del IVA.
El oficialismo decidió ceder ante la presión opositora y aceptó convocar a la Comisión de Presupuesto para este miércoles a las 14 a los fines de analizar el proyecto impulsado por los bloques Argentina Federal y Frente Renovador que pone un tope al incremento de las tarifas de servicios públicos.
Este cambio de estrategia no es casual sino que Cambiemos quiere dejar atrás este tema para continuar avanzando con su agenda legislativa. Es que el debate por los “tarifazos” dilata el tratamiento de otros proyectos que el macrismo considera primordiales, como la ley de financiamiento productivo y defensa de la competencia.
El final es previsible para todos los bloques parlamentarios: se aprobará norma y luego será vetada por el Poder Ejecutivo, tal como ocurrió en 2016, con la denominada “ley antidespidos”.
Esta decisión presidencial provocará el enojo de los sectores vinculados al peronismo “dialoguista”, tal como lo reconoció el diputado nacional Diego Bossio, quien además consideró que Mauricio Macri “estaría cometiendo una enorme equivocación y agravaría el conflicto”.
Con relación a la postura oficial de que las tarifas fueron fijadas en audiencias públicas, tal como dispuso la Corte Suprema en su momento, Bossio dijo que “una cosa es el proceso por el cual se deciden las tarifas y otra es la facultad que tiene el Congreso para debatir sobre el costo de los servicios públicos”.
Las razones para continuar tratando de imponer este tema en el debate legislativo son varias, destacan desde el peronismo. Entre ellas mencionan a que “hubo aumentos de hasta diez veces en algunos casos. Si hay un exceso en el cobro de las tarifas, claramente el Congreso puede y debe actuar”.
En este punto, consideran que la propuesta del oficialismo de prorratear los montos y pagarlas en tres cuotas con interés está muy lejos de ser una solución.
Este mismo miércoles podría haber dictamen en la reunión de Presupuesto de la iniciativa que estipula “tarifas razonables”, que ya cuenta con el aval de las comisiones de Defensa del Consumidor y Obras Públicas.
Si la oposición vuelve a unirse, podría llegar a superar numéricamente a Cambiemos a la hora de firmar el dictamen en Presupuesto. Es que el bloque Justicialista, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria-PJ juntan 22 integrantes, a los que podrían sumarse el puntano Andrés Vallone y el misionero Jorge Franco. Si también son de la partida Martín Lousteau (Evolución) y Graciela Navarro (Frente Cívico Santiagueño), llegarían a 26, contra 23 del oficialismo, indica la cuenta realizada por Parlamentario.com.
La estrategia peronista terminó de definirse la semana pasada en la provincia de Córdoba durante una reunión a la que asistieron sus principales referentes y denominaron “Un encuentro por una mejor Argentina. Una nueva oposición, moderna y federal”.
Allí, legisladores del Frente Renovador, de Argentina Federal y de Cumplir, buscaron consolidar la labor parlamentaria conjunta de estos espacios, con especial énfasis en el mencionado proyecto de ley de Precios Razonables, que tiene como objetivo final que las tarifas no aumenten más que los salarios.
El titular del interbloque Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner, remarcó que “el problema del aumento indiscriminado de tarifas es un tema clave, las familias ya no pueden pagarlas. Además nos preocupan las economías regionales y las pymes”.
En ese contexto, la presidenta del bloque del FR-UNA, Graciela Camaño, expresó: “Vinimos a Córdoba a trabajar propuestas legislativas como el proyecto de Tarifas Justas. Le pedimos al presidente que escuche a quienes sufren con los tarifazos y debata nuestras ideas. El pago de los servicios básicos se lleva una parte muy delicada del presupuesto familiar”.
El proyecto unificado busca que los aumentos no puedan exceder el del promedio de los salarios para usuarios residenciales, y además que las tarifas sean estables por 12 meses. En el caso de las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, los incrementos no podrán ir por encima del IPC mayorista.
Se propone además la eliminación del incremento diferencial del IVA para las empresas, y por el término de 12 meses se prevé que la alícuota de los servicios públicos regulados en esta ley se establezca en 10,5%. En igual sentido, se contempla la prohibición de crear nuevos tributos que alteren la tarifa final.
Por otro lado, establece que las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios.
“La discusión de tarifas se da en un contexto económico donde todos los costos de las familias están aumentando de formas muy importante… No se le puede seguir pidiendo más esfuerzo y apretándole cada vez más el bolsillo a las familias, cuando ellos no cumplen su parte bajando la inflación y haciendo que la economía crezca”, dijo el diputado nacional y especialista en políticas económicas del Frente Renovador Marco Lavagna.
La postura oficialista y la nueva negociación
El diputado nacional oficialista Daniel Lipovetzky sostuvo que la discusión debe darse en el marco de “responsabilidad”.
Estas palabras van en sintonía con lo que sostuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo que estas propuestas son “demagógicas” y que generan enormes costos al Estado y dio por terminado el tema en el ámbito parlamentario.
Desde el macrismo también criticaron las sesiones especiales que se dieron las últimas dos semanas en Diputados para tratar casi tres decenas de proyectos sobre tarifas.
“Fue un show mediático armado por la oposición para aprovecharse de un tema que le preocupa a la gente y generar falsas expectativas”, se quejó Lipovetzky, que reclamó encontrar soluciones “con la suficiente responsabilidad y sustentabilidad fiscal”.
Precisamente, esta iniciativa podría ser prenda de negociación con el oficialismo ya que el peronismo “dialoguista” trataría de que el veto no sea total, sino parcial y que quede en pie, al menos, el tope tarifario.
Es que si bien el proyecto establece la suspensión del pago del IVA por un año, y la reducción de ese impuesto durante dos años más, ese tributo es coparticipable, por lo que una parte de su monto se reparte con las provincias.
Según pudo averiguar iProfesional.com, este punto no convence demasiado a los gobernadores justicialistas ya que percibirían menos dinero en sus arcas. Además, los mandatarios provinciales están en el ojo de la tormenta ya que el presidente Macri se encargó de remarcar que varios puntos porcentuales del precio de las tarifas de servicios públicos corresponden a tributos provinciales.
Una ley de este tipo los obligaría a redoblar esfuerzos para lograr el equilibrio fiscal, al que se comprometieron por ley a fines del año pasado.
IP.