El Senado aprobó ayer en general la iniciativa de modernización laboral impulsada por el Gobierno, que ahora pasará a la Cámara de Diputados. El texto fue respaldado por La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, luego de negociaciones que derivaron en 28 modificaciones consensuadas. Además, el oficialismo retiró el artículo vinculado al Impuesto a las Ganancias a pedido de aliados y mandatarios provinciales.
Uno de los puntos centrales es la redefinición del cálculo por despido sin causa: se tomará únicamente el sueldo mensual, habitual y regular, dejando afuera conceptos extraordinarios como premios o aguinaldo, y se fija un límite equivalente al promedio salarial del sector por año trabajado. Se crea el Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes patronales —1% en grandes firmas y 2,5% en MiPyMEs— para afrontar desvinculaciones. Las pequeñas y medianas empresas podrán abonar esos montos en hasta 18 cuotas y las compañías de mayor tamaño en 12. También se establece que las actualizaciones judiciales seguirán el índice de inflación más un 3% anual.
En relación con la negociación colectiva, se habilitan acuerdos a nivel compañía que podrán imponerse sobre pactos de alcance mayor. Cuando caduque un entendimiento sectorial habrá doce meses para discutir uno nuevo. Se implementa un esquema de compensación de tiempo adicional mediante francos, se amplía la ventana para el descanso anual —del 1° de octubre al 30 de abril— con opción de dividirlo en períodos no menores a siete días, y se fortalecen las instancias de verificación médica ante inasistencias por razones de salud.
El proyecto incluye rebajas en contribuciones patronales para incentivar incorporaciones, un programa orientado a la capacitación y empleabilidad, y un régimen destinado a promover inversiones productivas, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
También se regula la actividad en aplicaciones digitales, cuyos repartidores serán considerados trabajadores independientes con cobertura de seguros y formación obligatoria. Se fija un tope del 2% para aportes gremiales, se mantiene el 6% para obras sociales y se dispone que las entidades bancarias sean las únicas autorizadas a acreditar haberes.