A un día del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre las persistentes brechas de género en el mercado laboral. La tasa de actividad femenina es del 52,6%, mientras que la de los varones alcanza el 70,1%, lo que marca una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. También se observa una brecha en la desocupación: el desempleo en mujeres es del 7,4% frente al 5,9% en los varones.
Las desigualdades también aparecen en la calidad del empleo y los ingresos. La informalidad laboral es 2,5 puntos porcentuales mayor entre las mujeres, con un 38% frente al 35,5% de los varones. A su vez, los ingresos masculinos son entre 27,3% y 29% más altos que los de las mujeres, diferencia que se amplía hasta el 40% entre trabajadores y trabajadoras informales.
Este escenario deriva en una fuerte feminización de la pobreza. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, un aumento respecto al 61,4% registrado el año anterior. A medida que crecen los ingresos, la presencia femenina disminuye: en el decil más alto solo alcanzan el 37%. En contrapartida, el 63% del sector de mayores ingresos está compuesto por varones.
La desigual distribución del trabajo doméstico es uno de los factores que inciden en esta situación. Según el informe, las mujeres dedican en promedio tres horas más por día que los varones a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Además, los sectores laborales más feminizados son también los de menores ingresos, como el trabajo en casas particulares, donde la participación femenina alcanza el 98,8%.
El documento también señala que las mujeres tienen menor presencia en los impuestos progresivos debido a la desigualdad de ingresos y patrimonio. Representan el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% de quienes pagan impuesto a las ganancias, lo que refleja una amplia brecha patrimonial respecto a los varones.
En materia de políticas públicas, el informe advierte que el presupuesto nacional 2026 consolida el recorte de programas con perspectiva de género iniciado en 2024. En total, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género fueron ajustados o eliminados. Entre ellos se destacan reducciones en la Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las pensiones para madres de siete o más hijos (-0,83%). El único programa con crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Finalmente, el informe también menciona recortes en programas vinculados a la violencia de género, salud sexual y políticas de cuidado. Los programas para asistir a víctimas de violencia registraron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023, mientras que la Educación Sexual Integral sufrió una caída del 98%. A esto se suman impactos en sectores feminizados como el trabajo doméstico y la docencia, además de cambios en la normativa laboral que, según el análisis, podrían profundizar las desigualdades existentes.