El presidente Javier Milei anunció que este miércoles enviará al Congreso la reforma electoral que incluirá la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y Ficha Limpia.
A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: "Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta, se termina la política viviendo de tu bolsillo. Los corruptos afuera para siempre".
La reforma había comenzado a cobrar forma el viernes pasado en Casa Rosada, durante una de las últimas reuniones de la mesa política. Allí se delinearon los puntos principales de la iniciativa. Entre ellos, la inclusión de ficha limpia, un anzuelo para captar a aquellos bloques de oposición que reclaman su puesta en marcha.
Respecto de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, distintas vertientes se resisten a avalarla porque, en medio del desorden partidario que transitan, reconocen que necesitan de esta instancia para definir las candidaturas que eventualmente compitan con el oficialismo en las elecciones del año próximo.
El proyecto oficialista propone una modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos (N°23298) que, en su artículo 33, enumera una serie de restricciones para quienes deseen integrar listas partidarias.
Según estipula la normativa, no pueden ser candidatos quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes” y las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, entre otros actos.
Tampoco pueden competir en elecciones el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; magistrados, funcionarios o miembros del Poder Judicial; y los directores o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o autoridades de entidades que “exploten juegos de azar”.
Quienes estén alcanzados por estas restricciones para postularse a cargos estarán impedidos de ser designados como funcionarios públicos: no podrán ejercer el rol de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados o de la Seguridad Social. Tampoco se les permitirá tener cargo de diplomático o ser directores de empresas con participación estatal.