El titular de la AFA recibió un fallo favorable del juez Juan Galván Greenway tras una investigación sobre su patrimonio personal por una serie de acusaciones contra el dirigente. La resolución determinó que los ingresos del dirigente justifican sus gastos y adquisiciones de bienes.
La Justicia resolvió dictar el sobreseimiento de Claudio Tapia y sus hijos en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero iniciada en 2021. El juez Juan Galván Greenway tomó esta determinación tras comprobar que la adquisición del patrimonio del dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue lícita.
El expediente judicial se originó a partir de cuestionamientos tras la suspensión de un partido amistoso entre Argentina e Israel en el año 2018, que habría derivado en una onerosa fiesta en el Sofitel y la compra de inmuebles y autos. Se sospechaba que el pago indemnizatorio por la cancelación del encuentro deportivo podría haber financiado la compra de propiedades y vehículos de lujo.
Tras recolectar informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), instituciones bancarias, registros vehiculares y de propiedad, el fiscal Jorge Dhal Rocha no halló ninguna irregularidad en las cuentas. El análisis pericial concluyó que los ingresos percibidos por Tapia en Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Conmebol avalan perfectamente su nivel de vida.
La resolución judicial también descartó cualquier sospecha sobre el delito de administración fraudulenta vinculado al contrato del evento deportivo entre el seleccionado argentino y el israelí, que finalmente fue cancelado. El juez consideró que la suspensión del encuentro en Jerusalén resultó una decisión "razonable y prudente" y aseguró que "no configura delito alguno".
Sobre la situación financiera familiar, la investigación patrimonial llevada a cabo respecto de los Tapia determinó que "no se observaron elementos que permitan sostener una imputación relativa a una maniobra vinculada a la presunta comisión del delito de lavado de activos".