La Cámara Federal de Tucumán dispuso el apartamiento del juez Sebastián Argibay, quien estaba a cargo de la causa en la que se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino.
El magistrado debía pronunciarse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, que solicitó las detenciones en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
La decisión se produjo en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez. Las sospechas se vinculan a un posible nexo comercial entre su entorno familiar y Toviggino, a partir de la venta de una propiedad que habría sido escriturada por debajo de su valor de mercado.
Según trascendió en ámbitos judiciales, la recusación ya estaba definida y su formalización se concretaría en el sistema oficial de resoluciones de la Justicia Federal.
La causa investiga supuestas maniobras en el manejo de fondos de la AFA, con foco en una red de empresas y bienes vinculados a Toviggino y su entorno, bajo sospecha de operaciones irregulares.
En ese contexto, el fiscal argumentó que las detenciones eran necesarias ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación o fuga, aunque el pedido aún no fue resuelto.
El expediente también presenta un conflicto de competencia entre tribunales federales, lo que agrega complejidad y demora definiciones.
El apartamiento del juez introduce un nuevo escenario procesal y posterga la resolución sobre la situación judicial de Tapia y Toviggino.