El proyecto para instalar dispositivos que eviten distorsiones en la medición del consumo de agua había obtenido dictamen favorable días atrás, pero no llegó a convertirse en ordenanza por la falta de dos concejales en la sesión.
El concejal Jair Dib expresó su malestar este jueves tras la sesión del Concejo Deliberante de Posadas, luego de que su proyecto de ordenanza para la instalación de válvulas bloqueadoras de aire en las cañerías de Samsa no pudiera convertirse en ley municipal debido a la ausencia de dos ediles.
La iniciativa, que había obtenido dictamen favorable en comisión, proponía que la empresa de aguas colocara dispositivos "Air Lock" en cada medidor domiciliario de la ciudad, tanto en conexiones existentes como futuras, con el objetivo de evitar distorsiones en la medición del consumo cuando se producen variaciones de presión o cortes en el suministro.
Sin embargo, durante la votación en el recinto, los concejales Pablo Argañaraz y Judith Salom no estuvieron presentes, lo que impidió alcanzar los votos necesarios para la aprobación.
El impulsor de la norma apuntó directamente contra los ediles ausentes y advirtió sobre las consecuencias para los usuarios. "Los vecinos de la ciudad de Posadas recuerden que el concejal Pablo Argañaraz tuvo la oportunidad en sus manos de resolver la situación del aire en las cañerías", expresó.
Y agregó: "El mes siguiente los vecinos van a seguir pagando sumas extraordinarias en la factura. Y saben de quién va a ser la culpa: del concejal Pablo Argañaraz y por supuesto también de la concejal Judith Salom, quienes se ausentaron en el momento de la votación".
Qué proponía el proyecto
La ordenanza buscaba que Samsa instalara bloqueadores de aire inmediatamente después de cada medidor, dispositivos capaces de retener el aire que circula por la red y permitir únicamente el paso del líquido. El objetivo era que la facturación se base exclusivamente en el consumo real, evitando sobrecargos por distorsiones en los hidrómetros durante interrupciones o variaciones de presión.
La adquisición, colocación y mantenimiento de los equipos quedarían a cargo de la concesionaria, sin costo adicional para los usuarios. La iniciativa también contemplaba excepciones para casos donde la implementación no fuera técnicamente viable.
