El Gobierno nacional reglamentó este lunes una serie de artículos de la ley de modernización laboral mediante cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial. Las disposiciones introducen cambios en la negociación colectiva, el funcionamiento de los sindicatos, las indemnizaciones, los recibos de sueldo, las plataformas digitales de trabajo y los mecanismos para regularizar empleo no registrado.
Uno de los decretos establece nuevas reglas para los convenios colectivos de trabajo, fijando criterios para determinar cuándo un acuerdo se considera vencido y puede ser renegociado. También incorpora límites para aportes, contribuciones y otras cargas económicas previstas en las convenciones laborales.
La normativa dispone además que determinados aportes convencionales solo serán obligatorios para las empresas afiliadas a las cámaras empresarias correspondientes y prohíbe homologar acuerdos que excedan los topes establecidos por la legislación vigente.
En materia sindical, se introducen nuevas exigencias para las organizaciones gremiales. Entre ellas, se establece que los cuerpos directivos deberán mantener una proporción considerada razonable respecto de la cantidad de afiliados cotizantes y se incorporan mecanismos de control sobre la representación sindical mediante cruces de información con organismos estatales.
Asimismo, se determina que las horas destinadas a tareas gremiales deberán ser informadas con al menos 48 horas de anticipación y utilizarse de manera compatible con el normal funcionamiento de las empresas. También se aprobó un nuevo modelo de recibo de sueldo que incluirá el detalle completo del costo laboral asumido por el empleador.
Por otra parte, quedó reglamentado el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta que permitirá a las empresas constituir fondos destinados a afrontar futuras indemnizaciones. El sistema funcionará a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores y comenzará a regir el 1 de noviembre de 2026.
El Ejecutivo también puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), orientado a incentivar la regularización de trabajadores no registrados o deficientemente registrados. La medida contempla importantes condonaciones de deuda para empleadores que adhieran al sistema, especialmente micro y pequeñas empresas.
Finalmente, el paquete reglamentario incluye modificaciones tributarias vinculadas al mercado inmobiliario. La normativa precisa el alcance de exenciones en el impuesto a las ganancias para ingresos obtenidos por alquileres de viviendas y determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, completando así el esquema de reformas derivado de la ley de modernización laboral y económica impulsada por el Gobierno.