La norma crea un registro provincial obligatorio, establece la identificación mediante microchip, exige un seguro de responsabilidad civil y fija condiciones para la circulación de estos animales en espacios públicos.
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves dos normas orientadas a problemáticas de fuerte impacto cotidiano: una regula la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, con registro, identificación y pautas de circulación; la otra actualiza la ley de educación financiera para incorporar ciudadanía digital, prevención de estafas y nuevas herramientas de capacitación en todo el sistema educativo.
La primera de las leyes sancionadas establece un marco específico para la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, con el objetivo de regular su identificación, registro y circulación en la vía pública, y fijar obligaciones para sus tenedores, en resguardo de la integridad de las personas y de otros animales.
La norma define como perros potencialmente peligrosos a aquellos que, por sus características físicas o morfológicas, antecedentes de comportamiento agresivo verificados o condiciones de manejo y crianza, tengan capacidad de causar lesiones graves o la muerte. También prevé que esa condición pueda determinarse por informe veterinario incorporado al sistema o por acto administrativo de la autoridad de aplicación, cuando existan denuncias fundadas, actuaciones policiales o informes técnicos que acrediten la peligrosidad del animal.
Entre sus disposiciones, la ley crea el Registro Provincial Digital de Perros Potencialmente Peligrosos, de acceso público y gestión digital, e impone la identificación obligatoria de los animales mediante microchip subcutáneo u otra tecnología equivalente, además de collar o pretal con placa visible. Los tenedores responsables deberán inscribir a los animales alcanzados por la norma, mantener actualizados sus datos e informar cambios de tenencia, extravío, sustracción o fallecimiento.
La regulación fija además condiciones para la circulación en la vía pública y espacios de acceso público: los perros deberán llevar bozal adecuado, correa no extensible y ser conducidos por personas mayores de edad con capacidad física suficiente para controlarlos. También se prohíbe que menores de 18 años los conduzcan solos, que una misma persona lleve simultáneamente más de un perro de estas características —salvo paseadores habilitados en las condiciones previstas— y que el animal permanezca sin sujeción en espacios comunes o públicos.
La ley dispone además que el tenedor responsable garantice estructuras de contención adecuadas en el domicilio para impedir escapes o contactos no controlados con terceros, y establece como requisito la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a personas, animales o bienes.
La iniciativa sancionada reúne aportes de distintos proyectos presentados por legisladores en ejercicio y con mandato cumplido. Entre ellos, los expedientes de la diputada Heidy Schierse y del diputado Waldovino Lemes, además de propuestas impulsadas por los exdiputados Juan Ramírez, Horacio Loreiro, Héctor Pereyra Pigerl y Santiago Mansilla.
Schierse planteó que la regulación busca garantizar la preservación de la vida y la integridad física de personas y animales, y sostuvo que la responsabilidad sobre una mascota constituye un compromiso de largo plazo que requiere medidas concretas de prevención.
Lemes, por su parte, puso el acento en las obligaciones de los tutores o guardadores, tanto para asegurar el bienestar integral del animal como para prevenir daños a terceros, y señaló la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la protección de los animales y el deber del Estado de resguardar la seguridad de la comunidad.
En la sesión, la diputada Arabela Soler, como miembro informante, agregó: “La iniciativa incorpora una mirada preventiva y educativa mediante programas de capacitación sobre tenencia responsable, manejo seguro y prevención de situaciones de riesgo. No buscamos actuar después del problema, sino antes, promoviendo buenas prácticas”.
“Esta ley busca un equilibrio razonable entre la protección y el bienestar animal y el deber del Estado de resguardar la vida, la integridad y la seguridad de las personas”, manifestó.