Sería una consecuencia del impacto que tienen las causas por corrupción que involucran a diversas compañías. Y que junto al enriquecimiento de ex funcionarios, muestran mecanismos de plata negra para la política. Retomarían la ley de financiamiento político.
La señal del circuito empresarial que suele acercar fondos para las grandes campañas es nítida: este sería un año de aportes módicos. La crisis impondría cuidados en la imagen y el impacto de las causas judiciales por corrupción sumaría prevenciones. Esa evaluación circula entre operadores políticos del oficialismo y de la oposición. Inquieta y a la vez, dicen, podría destrabar el tratamiento de la ley de financiamiento político cuando empieza a apretar el almanaque electoral.
“No estamos pensando en un decreto de necesidad y urgencia”, afirma una fuente del Gobierno que admite la complejidad del tema. El financiamiento de la actividad política –que incluye y trasciende la campaña- es un tema complejo, que exigiría además de transparencia y límites en los aportes privados, equilibrio con los fondos estatales para todos los partidos y control de los recursos publicitarios de los gobiernos en períodos electorales.
Otra cosa sería resolver sólo algunas cuestiones prácticas, y efectivas, como la bancarización de los aportes personales y de empresas, algo que en parte hace a la trazabilidad de los fondos. El Congreso después de varios rodeos había empezado a avanzar con un proyecto. Estuvo casi redondeado en el Senado, pero las internas –en el oficialismo, y también en el PJ- y los tiempos muy ajustados lo postergaron a fines del año pasado.
Por ahora, según funcionarios del Gobierno y fuentes del Congreso, está frenada la idea de convocar a sesiones extraordinarias, en el mejor de los casos por apenas un par de semanas. Los sondeos entre oficialistas y peronistas no dejaban mucho margen, menos para un temario denso. Como sea, el asunto del financiamiento de las campañas nacionales debería ser anotado sin demoras si el objetivo es aplicarlo este año.
Nadie en el circuito político dejó de registrar los mensajes en esa dirección que se produjeron esta semana. El primero fue anotado como un gesto esperable: una declaración pública de organizaciones que de manera persistente empujan medidas a favor de la transparencia política. El texto firmado por Cippec, Poder Ciudadano y la Red de Acción Política reclamó acuerdos políticos que aceleren el tratamiento de una nueva ley de financiamiento de los partidos y las campañas.
Fue también un mensaje a los aportantes de peso. El siguiente y rápido capítulo expresó el apoyo del sector privado. Unas veinte organizaciones, entre ellas las principales asociaciones de empresarios del país, respaldaron el reclamo sobre mayor transparencia, empezando por la “urgencia” de la ley de financiamiento político.
Por supuesto, el pronunciamiento fue leído en sintonía con las señales previas que algunos representantes del sector han hecho llegar a sus tradicionales contactos políticos: no hay espacios siquiera para grises después de la conmoción generada por las investigaciones judiciales que revelaron mecanismos de flujo de dinero en negro, como parte de un entramado de corrupción política y empresarial más amplio y profundo.
La referencia más significativa es la causa por los cuadernos de las coimas.
Hubo un relato repetido por empresarios al declarar ante la Justicia, en medio de la conmoción inicial por el escándalo, que se resumía en aceptar la existencia de pagos ilegales para financiar las campañas del kirchnerismo. Después, con sucesivos quiebres de compromisos de silencio, fue quedando en evidencia el armado de un sistema de cartelización, manipulación de licitaciones y pagos regulares de coimas por obras públicas. Fue un sistema de enriquecimientos personales, que incluyó el canal de fondos en negro para las campañas.
El desfile de hombres de negocios por Comodoro Py, las detenciones y la sucesión de arrepentidos son imágenes potentes y recreadas en la entrada del año electoral. En rigor, la inquietud ya era perceptible el año pasado. Voceros de empresarios no ocultaban y hasta exageraban el efecto de la causa de los cuadernos sobre la imagen de las compañías afectadas. Y en la lista de cuidados a futuro incluían la relación con la política y los apoyos financieros.
Por supuesto, el fenómeno es más amplio y extendido en el tiempo. El uso de los recursos públicos y más aún la corrupción son parte, grave, del problema. Pero también los canales que podrían ser llamados grises de apoyo a las campañas, entre ellos los “eventos de recaudación” sin control real sobre los montos generados por esta vía. En conjunto, según coinciden las ONG que trabajan en este tema, generan manejos de campaña con rendiciones formales que no superan la prueba de la justicia electoral.
La cuestión más alarmante es que aún en las rendiciones formales suele ser incomprobable el origen del grueso de los aportes. Eso sumado a que en las campañas más fuertes –especialmente, las presidenciales- es imposible justificar el despliegue de estructuras de los candidatos: giras permanentes, equipos técnicos de comunicación, montaje de actos, transmisiones satelitales, consultores, publicidad, entre otros rubros.
Las ONG que trabajan en este terreno y que ahora volvieron a darle impulso al debate vienen planteando desde hace rato una serie de mecanismos que deberían ser establecidos para empezar a encauzar el financiamiento político: entre otros puntos, la trazabilidad de los aportes, un sistema de informes de ingresos y gastos en tiempo real, y el control de la publicidad oficial. Eso, claro, con un mayor y efectivo seguimiento y evaluación de la justicia electoral.
Puede que más que esos señalamientos estén pesado ahora las prevenciones frente a los efectos de causas de corrupción muy sonoras. También, cuestiones de imagen en épocas de frío económico. Y puede que esa combinación imponga una campaña más austera. ¿Y más transparente? La respuesta, en parte, depende del Congreso.