El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad anticipó que este miércoles impulsará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de desendeudamiento familiar y personal. La iniciativa apunta a trabajadores, jubilados y hogares que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de préstamos, tarjetas de crédito, financieras o descuentos sobre sus haberes.
La propuesta plantea como herramienta central concentrar diferentes compromisos financieros en una única operación, con el objetivo de reducir el valor mensual de las cuotas. El esquema contempla una tasa fija, extensión de los plazos y condiciones previamente establecidas para quienes puedan acceder al régimen.
“Mañana estaremos en la sesión para impulsar nuestro proyecto de ley de desendeudamiento familiar y personal”, anunció Herrera Ahuad a través de sus redes sociales. En ese marco, sostuvo que la medida pretende alcanzar a quienes tienen sus ingresos “seriamente comprometidos” por distintos tipos de obligaciones financieras.
Entre las condiciones previstas figura una Tasa Nominal Anual (TNA) máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses. También se contempla la exención del IVA, la eliminación de gastos administrativos y la prohibición de capitalizar intereses punitorios. El régimen estaría dirigido a personas con ingresos de hasta diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles que tengan comprometido al menos el 30% de sus recursos.
Herrera Ahuad remarcó que el objetivo no pasa por eliminar las obligaciones asumidas. “No se trata de desconocer las obligaciones, sino de ordenarlas para recuperar el salario y devolver capacidad económica a los hogares”, expresó. Además, afirmó que “pagar una deuda no puede significar dejar de comer, atender la salud, sostener la vivienda o cubrir las necesidades básicas de una familia”.
El legislador consideró que el crecimiento de las dificultades para afrontar compromisos financieros demanda una intervención específica. “El sobreendeudamiento dejó de ser un problema individual y requiere una respuesta concreta del Estado”, señaló. El proyecto incorpora además la suspensión durante 90 días hábiles de ejecuciones judiciales y embargos desde el inicio del trámite para quienes ingresen al régimen.