Separaron de sus funciones a una penitenciaria vinculada al caso de los fondos de la EPET 34

La directora general del Servicio Penitenciario Provincial, Valeria Mereles, confirmó que una oficial de la fuerza fue apartada preventivamente de sus funciones por su vinculación con la causa que investiga el presunto desvío de casi $6 millones de la comisión de padres de la Epet 34 de Posadas. La agente es pareja del tesorero detenido por el manejo de los recursos destinados a la Estudiantina 2026.

Mereles explicó que, tras conocerse la situación, las autoridades penitenciarias convocaron a la mujer para establecer su participación en la comisión y conocer las circunstancias del caso. Durante el encuentro, la oficial reconoció que integraba el grupo de padres involucrado en la administración de los fondos.

"La citamos, hablamos con ella y ella reconoció ser parte de la comisión, reconoció lo que había sucedido", señaló la funcionaria, quien precisó que la decisión de separarla de sus tareas respondió a una medida institucional de carácter preventivo.

En ese sentido, aclaró que el apartamiento no implica una sanción definitiva y busca garantizar que la investigación avance sin cuestionamientos sobre la actuación del organismo. "Lo que quisimos es hacer una separación del cargo en forma preventiva justamente para que no se generen dudas de que la institución cubre alguna situación o que la institución ignora la situación", sostuvo.

La titular del Servicio Penitenciario indicó además que, hasta el momento de sus declaraciones, no habían recibido una notificación judicial sobre una eventual imputación contra la agente. Por ese motivo, cualquier otra medida administrativa quedará sujeta a las novedades que surjan de la investigación.

La causa judicial se originó a partir de la denuncia por el presunto faltante de cerca de $6 millones que la comisión de padres había reunido para financiar la participación de los estudiantes en la Estudiantina, principalmente para la confección de trajes y la adquisición de instrumentos. Mientras el tesorero permanece detenido, la Justicia continúa con las actuaciones para determinar las responsabilidades por el manejo del dinero.

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