El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y dos autoridades del Banco Central, tras conocerse un informe de la Auditoría General de la Nación que registró pérdidas por US$1.023 millones en operaciones financieras vinculadas al oro durante 2025. Solicitó la detención e indagatoria de los funcionarios y pidió investigar posibles delitos contra la administración pública.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y del superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, en el marco de una investigación por operaciones realizadas con las reservas de oro de la entidad monetaria.
La presentación judicial amplía una denuncia por presunta defraudación contra la Administración Pública y abuso de autoridad. Además, el letrado pidió que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita y que los tres funcionarios sean citados a declaración indagatoria.
El planteo se sustenta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, aprobado mediante la Resolución 205/2026.
Según ese documento, las operaciones con derivados financieros vinculados al oro registraron pérdidas por $1.469.155 millones, equivalentes a unos US$1.023 millones, con egresos de divisas.
Dalbón consideró que la magnitud de las pérdidas justifica investigar quiénes autorizaron las operaciones, cuáles fueron sus objetivos y si se respetaron las normas que regulan la administración de las reservas internacionales.
Qué reveló la auditoría sobre las operaciones con oro
El informe de la AGN examinó las operaciones con opciones financieras cuyo activo subyacente era el oro. Durante 2025, el Banco Central contrató estos instrumentos, liquidables en dólares, con el objetivo declarado de cubrir riesgos asociados a las variaciones de su cotización.
La auditoría estableció que las transacciones generaron un resultado negativo de US$1.023 millones y que, al cierre del ejercicio, ya no permanecían operaciones de ese tipo abiertas.
Del total, aproximadamente US$960,2 millones correspondieron a resultados negativos por opciones, mientras que otros US$62,8 millones estuvieron vinculados con las primas de esos instrumentos.
En paralelo, la tenencia de oro del BCRA registró una ganancia contable por diferencias de cotización de $8.002.500 millones durante el mismo ejercicio.
Para el denunciante, esa revalorización no elimina la necesidad de determinar si las operaciones con derivados ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado.
Dalbón también señaló que las pérdidas registradas por las opciones fueron más de quince veces superiores a las primas contabilizadas. Por ese motivo, solicitó establecer qué instrumentos se contrataron, qué riesgos asumió el Banco Central y cuáles fueron los mecanismos de control aplicados.
Buscan determinar quién autorizó las operaciones
Otro de los puntos de la denuncia está relacionado con el destino de las reservas físicas de oro y su eventual vinculación con las operaciones financieras investigadas.
El abogado pidió esclarecer la ubicación de los lingotes trasladados al exterior durante 2024 y determinar si esos movimientos estuvieron relacionados con las transacciones realizadas durante 2025.
En cuanto a las responsabilidades individuales, solicitó investigar la participación de Santiago Bausili, como presidente del Banco Central, en la autorización y supervisión de las operaciones.
Respecto de Juan Ernesto Curutchet, integrante del directorio de la entidad, reclamó establecer si intervino en la aprobación, el control o la ratificación de las decisiones financieras.
Sobre Luis Caputo, planteó la necesidad de determinar si participó en la definición de la estrategia, impartió instrucciones o tuvo conocimiento de las operaciones, teniendo en cuenta que la Carta Orgánica del Banco Central establece su autonomía respecto de las órdenes del Poder Ejecutivo.
La presentación también busca identificar a las entidades financieras que actuaron como contrapartes y reconstruir el proceso de toma de decisiones.
Los delitos que plantea la denuncia
Dalbón solicitó que los hechos sean investigados bajo las figuras de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, pidió analizar una eventual asociación ilícita, a partir de la hipótesis de una actuación coordinada entre funcionarios en el traslado de reservas al exterior y las posteriores operaciones con derivados financieros.
El abogado fundamentó su pedido de detención en el riesgo que, a su criterio, podría representar la permanencia de los denunciados en cargos con acceso a documentación e información relevante para la causa.
La solicitud de detención e indagatoria no implica que la Justicia haya ordenado esas medidas ni que se haya acreditado la comisión de delitos. Corresponderá a la investigación judicial determinar si existieron irregularidades, si provocaron un perjuicio patrimonial y qué responsabilidad pudo tener cada uno de los funcionarios señalados.