El fallo establece que la empresa deberá utilizar fondos embargados para abonar los sueldos correspondientes al período de marzo a junio. El sindicato adelantó que apelará la resolución para reclamar una suma mayor.
El Juzgado Laboral N° 17 ordenó a la empresa de neumáticos Fate destinar $1.200 millones al pago de salarios adeudados a 200 trabajadores, afectados por el cierre de la planta de San Fernando. La resolución establece que los haberes correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2026 deberán acreditarse este viernes 23 de octubre.
El dinero provendrá de fondos que habían sido embargados preventivamente a la compañía. La medida no alcanza a los empleados que firmaron acuerdos de retiro voluntario y responde a una disposición previa de la Sala II de la Cámara de Apelaciones.
La cifra fijada por la Justicia representa un punto intermedio entre los $1.800 millones reclamados por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) y los $600 millones que la empresa, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, consideraba correspondientes.
El conflicto judicial se originó a partir de un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025, que establecía el compromiso de no realizar despidos hasta el 30 de junio de 2026. A cambio, Fate había recibido beneficios impositivos estatales.
El sindicato apelará para reclamar más salarios
Desde el SUTNA celebraron la decisión judicial, aunque anticiparon que apelarán el monto establecido, al considerar que no contempla adecuadamente la antigüedad de los trabajadores ni la actualización de los salarios por inflación.
Además, adelantaron que impulsarán nuevas acciones legales para exigir el pago de los haberes posteriores al 1 de julio y solicitarán la nulidad de los acuerdos de retiro voluntario, al sostener que fueron firmados bajo presión económica.
El cierre de la fábrica de San Fernando afectó inicialmente a 920 trabajadores y desencadenó un prolongado conflicto laboral, con reclamos judiciales, protestas y permanencia de operarios en las inmediaciones del establecimiento.
En paralelo, la Justicia revocó la orden de desalojo dictada en septiembre, por lo que los trabajadores podrán continuar con los acampes y las manifestaciones frente a la planta mientras avanzan las distintas instancias del conflicto.