El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó informes a distintos organismos oficiales para esclarecer las circunstancias en las que el senador brasileño Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y posteriormente abandonó el país en un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador. La investigación busca determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si el dirigente tenía alguna restricción judicial que le impidiera viajar.
La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó el procedimiento que permitió el ingreso y la posterior salida del político brasileño junto a su familia. La legisladora pidió investigar posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos y eventuales delitos relacionados con el tránsito de personas.
Entre las medidas requeridas, Pagano solicitó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, además de obtener los planes de vuelo, la nómina de pasajeros y el contrato del servicio aéreo privado utilizado. “La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, expresó la diputada al anunciar la presentación judicial.
Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro ingresó al territorio argentino el martes 27 de octubre, a las 22:50, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas. Según el organismo, los cuatro cruzaron desde Brasil con documentación válida y sin impedimentos legales registrados para ingresar al país.
Posteriormente, a las 23:30, el grupo abordó un avión privado operado por la empresa Baires Fly S.A., con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. La información oficial permitió precisar el recorrido del dirigente, luego de que circularan versiones sobre un eventual traslado hacia Estados Unidos y posibles gestiones para solicitar asilo político.
La controversia también está vinculada con versiones sobre presuntas restricciones judiciales dispuestas en Brasil por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. En ese contexto, la Justicia Federal argentina deberá establecer si existía alguna medida vigente que debiera haber sido considerada por las autoridades migratorias y determinar si el ingreso y la salida de Bolsonaro se realizaron conforme a la normativa correspondiente.