Los sindicatos, encabezados por Luis Barrionuevo, preparan una presentación judicial contra el Ministerio de Economía por fondos que reclaman para el sistema de salud sindical. También apuntan contra el ministro Mario Lugones por la falta de respuestas y anticiparon que impulsarán un paro general de 36 horas con movilización.
Un frente integrado por 50 sindicatos anunció que avanzará con acciones judiciales contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la presunta retención de $688.000 millones destinados al sistema de obras sociales. Los dirigentes advierten que la falta de disponibilidad de esos recursos compromete la atención médica de los trabajadores y reclaman una solución urgente al Gobierno nacional.
La iniciativa es encabezada por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), y cuenta con el respaldo del Sindicato de Comercio, conducido por Armando Cavalieri, además de otras organizaciones sindicales.
La presentación judicial apuntará contra Caputo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la falta de liberación de recursos que, según los gremios, corresponden al financiamiento de las prestaciones de salud.
Del monto reclamado, $288.000 millones pertenecen al Fondo Solidario de Redistribución, recursos que actualmente estarían depositados en un plazo fijo del Banco Nación. Los otros $400.000 millones se encuentran en Fondos FIMA y corresponden, de acuerdo con los sindicatos, a deudas vinculadas con los aportes de adherentes voluntarios.
Reclamos por la cobertura médica y cuestionamientos a Lugones
Los dirigentes también responsabilizaron al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por no haber presentado alternativas para resolver la situación financiera de las obras sociales.
Según explicaron, mantuvieron tres reuniones con el funcionario sin obtener una respuesta concreta. El último encuentro se desarrolló en la sede de SOMRA, donde volvieron a plantear la necesidad de liberar los fondos.
"Tuvimos tres reuniones con el ministro Lugones y no hubo ninguna propuesta concreta. Mientras tanto, las obras sociales se caen a pedazos y los trabajadores se quedan sin cobertura", expresaron los representantes sindicales.
Del reclamo participa también la UOM Capital, encabezada por Roberto Bonetti, junto con otros gremios que advierten sobre las dificultades para financiar tratamientos y prestaciones médicas.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la distribución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución. Según los sindicatos, el 90% de esos fondos se destina actualmente a prestaciones de discapacidad, lo que, sostienen, reduce los recursos disponibles para tratamientos de alta complejidad y provisión de medicamentos.
Ante este escenario, exigieron la liberación inmediata del dinero reclamado y la actualización del nomenclador de medicamentos, que, según denunciaron, permanece congelado desde hace tres años.
Los sindicatos impulsan un paro general de 36 horas
Además de la presentación judicial, el frente sindical anticipó que promoverá un paro general de 36 horas con movilización como parte de un plan de lucha contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
Los dirigentes rechazaron la posibilidad de limitar la protesta a una medida parcial y plantearon la necesidad de una convocatoria más amplia para visibilizar la situación de las obras sociales y sus consecuencias sobre los afiliados.
Por el momento, no se informó una fecha concreta para la medida de fuerza, mientras continúan las gestiones y la preparación de las acciones judiciales.
En ese contexto, los representantes gremiales volvieron a cuestionar la actuación del Ministerio de Salud y reclamaron una intervención inmediata para evitar un mayor deterioro del sistema.
"El responsable político de la salud de los argentinos es el ministro Lugones. Si no actúa ahora, el sistema colapsa", advirtieron.
El conflicto abre así un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y un sector del sindicalismo, que busca recuperar los recursos reclamados y garantizar el financiamiento de las prestaciones médicas de las obras sociales.
