La Justicia federal investiga si funcionarios del Gobierno de Javier Milei utilizaron recursos públicos para facilitar el ingreso, la permanencia y posterior salida hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, quien atravesó la frontera por Puerto Iguazú junto a su familia antes de abordar un avión privado. La causa busca determinar si existió una intervención irregular de organismos estatales argentinos para asistir al dirigente brasileño.
La investigación fue impulsada por la fiscal federal Paloma Ochoa y quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, en los tribunales de Comodoro Py, a partir de denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón.
El principal eje de las actuaciones es establecer si se utilizaron vehículos oficiales, personal estatal, viáticos u otros bienes financiados con fondos públicos para facilitar los movimientos de Bolsonaro y su familia durante su paso por territorio argentino.
También se busca determinar si existió coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo, quiénes habrían participado de un eventual operativo y si se impartieron instrucciones políticas para brindar asistencia o evitar determinados controles.
Las denuncias plantean la posible comisión de delitos como peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. No obstante, estas figuras forman parte de las hipótesis que deberán ser examinadas durante la investigación y no constituyen responsabilidades acreditadas.
Las medidas judiciales para reconstruir su paso por Puerto Iguazú
Antes del impulso formal de la investigación, la jueza Capuchetti había ordenado una serie de medidas preliminares, a pedido de la fiscal Ochoa, para preservar documentación y registros vinculados con el desplazamiento del dirigente brasileño.
Entre ellas, dispuso conservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los sectores de Migraciones y Aduana, correspondientes al 27 y 28 de octubre.
Además, solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre las constancias de ingreso y egreso de Bolsonaro, los controles efectuados a los pasajeros y las verificaciones realizadas sobre el avión privado utilizado para abandonar el país.
La Justicia también requirió información a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad para establecer si existieron alertas, comunicaciones o solicitudes de cooperación de las autoridades brasileñas relacionadas con la situación judicial del dirigente.
Estas medidas apuntan a reconstruir el recorrido de Bolsonaro por territorio argentino, identificar a las personas que intervinieron y determinar si recibió algún tipo de asistencia de organismos estatales.
El ingreso por Misiones y la posterior salida hacia Estados Unidos
De acuerdo con los antecedentes incorporados a la causa, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas por el paso fronterizo de Puerto Iguazú y, horas después, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Estados Unidos.
El desplazamiento quedó bajo investigación debido a que el dirigente brasileño tenía restricciones para abandonar su país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción.
La causa deberá establecer si durante ese recorrido existieron irregularidades migratorias y, principalmente, si funcionarios argentinos destinaron recursos estatales o intervinieron de manera indebida para facilitar su traslado.
Por el momento, la posible utilización de fondos públicos y la participación de funcionarios del Gobierno nacional constituyen hipótesis bajo investigación, sin que se hayan acreditado responsabilidades penales.
