El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, profundizó el ajuste del gasto público durante octubre, con una caída real interanual del 9,7% en los pagos de la Administración Pública Nacional (APN). Se trató del segundo recorte más pronunciado de 2026, después del 14% registrado en febrero, con las provincias y las universidades entre los sectores más afectados.
Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que reveló que en siete de los primeros diez meses del año se registraron disminuciones reales del gasto primario pagado. La reducción de octubre marcó una aceleración respecto de septiembre, cuando la caída había sido del 0,7%.
El ajuste tuvo su mayor impacto en los recursos destinados a las jurisdicciones provinciales. Las transferencias corrientes a las provincias se desplomaron un 71,2% interanual en términos reales, mientras que los fondos para obras y otras erogaciones de capital retrocedieron un 60,8%. A su vez, las transferencias corrientes a las universidades nacionales disminuyeron un 46,8%, de acuerdo con el relevamiento.
También se registraron recortes en las transferencias a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros organismos del sector público nacional, con una baja del 14,6%. La inversión real directa cayó un 13,7%, los recursos destinados al sector privado disminuyeron un 11,2% y las remuneraciones retrocedieron un 10,6%.
En tanto, el gasto en bienes y servicios presentó una reducción del 0,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones registraron una caída real del 0,1%.
El informe también expuso diferencias entre los gastos autorizados y los desembolsos efectivamente realizados por el Estado. Entre enero y octubre, la Administración Pública Nacional acumuló gastos devengados por $115,2 billones, frente a pagos por $112,3 billones, lo que dejó una diferencia cercana a los $2,86 billones.
Ese monto corresponde a la denominada deuda flotante, integrada por obligaciones presupuestarias registradas que todavía no fueron abonadas. Su evolución constituye uno de los indicadores que observa el Fondo Monetario Internacional (FMI) al evaluar las cuentas públicas argentinas y el cumplimiento de las metas fiscales.
En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, el gasto efectivamente pagado cayó un 4,2% real interanual, mientras que el devengado disminuyó un 3,2%, según el IARAF. La diferencia refleja que los desembolsos se redujeron a un ritmo mayor que las obligaciones registradas durante ese período.
Sin embargo, el comportamiento de octubre mostró una particularidad: el Gobierno pagó más de lo que devengó durante ese mes, por lo que no se produjo un incremento de la deuda flotante. Los gastos registrados alcanzaron los $12 billones, con una baja real del 5,4%, mientras que los pagos totalizaron $12,3 billones, con una disminución del 9,7%.
De acuerdo con esas cifras, la deuda flotante se redujo aproximadamente $300.000 millones durante octubre, aunque el saldo acumulado en los primeros diez meses del año continuó siendo significativo.
La profundización del recorte se produjo en el marco de la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración de Javier Milei, mientras el Gobierno busca sostener los compromisos asumidos con el FMI. El impacto más pronunciado volvió a concentrarse en las transferencias a las provincias y las universidades, dos áreas que registraron reducciones considerablemente superiores al promedio del gasto público.
