La Justicia federal avanza sobre el proceso licitatorio de la Hidrovía, la principal vía de salida de exportaciones del país, tras detectarse presuntas irregularidades en el concurso que definirá la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, por donde circula cerca del 80% de los granos y derivados que exporta la Argentina.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal N° 9 y se originó a partir de un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió posibles anomalías administrativas con eventuales derivaciones penales en el procedimiento impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que durante el proceso se recibieron distintas denuncias y presentaciones de organizaciones ambientalistas, consorcios portuarios e incluso empresas interesadas en la licitación, en las que se cuestionaban aspectos clave de los pliegos y de la mecánica de evaluación.

Uno de los puntos más sensibles señalados por la PIA fue una “grave vulneración al principio de transparencia”, debido a la falta de criterios objetivos para calificar ciertas ofertas técnicas. Según el organismo, esto podría otorgar a la comisión evaluadora un margen excesivo de discrecionalidad y abrir la puerta a decisiones arbitrarias que afecten la libre competencia.

Actualmente, los principales grupos involucrados en la compulsa son las firmas belgas Jan De Nul, operadora histórica de la Hidrovía desde 1995, y DEME. En paralelo, trascendió que compañías chinas habrían quedado relegadas del proceso pese a su competitividad internacional.

El informe judicial también puso la lupa sobre posibles vínculos con empresarios argentinos. Entre los nombres mencionados aparecen el Grupo Neuss, ligado a negocios con el Estado y señalado por sus vínculos con sectores políticos y empresariales, además del Grupo Román y el empresario portuario Juan Ondarcuhu, referente del Grupo Servicios Portuarios SA.

Las principales observaciones de la Justicia

Entre las irregularidades detectadas, la PIA remarcó el posible incumplimiento de la Ley 27.566, vinculada al acceso a la información ambiental durante las audiencias públicas. El organismo cuestionó que se hayan presentado más de 9.000 páginas para análisis en plazos reducidos, lo que habría convertido la participación ciudadana en un trámite “meramente formal”.

Otro de los puntos cuestionados fue la cláusula que permite la cesión de la concesión a terceros, algo que, según el dictamen, podría terminar beneficiando a actores que originalmente no cumplían los requisitos exigidos para competir.

La investigación también apunta contra la cláusula anticorrupción incluida en el pliego. El Ministerio Público advirtió que la redacción actual podría habilitar compensaciones económicas a concesionarios incluso si se comprobara una práctica corrupta, algo que calificó como “irracional”.

A su vez, la PIA observó restricciones para impugnar decisiones dentro del proceso licitatorio, limitaciones a la participación de empresas bajo la modalidad de UTE (Unión Transitoria de Empresas) y una presunta distorsión en la fórmula utilizada para evaluar las ofertas técnicas y económicas.

Finalmente, el organismo también cuestionó la falta de precisiones sobre las deudas pendientes con actuales acreedores vinculados a la concesión de la Hidrovía, otro de los aspectos que ahora analiza la Justicia en el marco de la causa.