El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado institucional ante los presuntos hechos de violencia, amenazas y hostigamiento entre adolescentes en Posadas, caso que involucra a la escuela Santa Catalina. El organismo expresó su preocupación por la situación y confirmó que supervisará las medidas adoptadas por las instituciones involucradas, con el objetivo de garantizar la protección de las estudiantes afectadas y la continuidad escolar de los alumnos señalados.
En el documento, el organismo provincial sostuvo que “ninguna manifestación de violencia puede ser naturalizada ni justificada dentro y fuera de una comunidad educativa”. Asimismo, informó que tomó conocimiento de actuaciones institucionales y de la intervención de las autoridades competentes, por lo que requerirá información documentada para verificar el alcance y la efectividad de las decisiones adoptadas.
El SPEPM remarcó que cualquier intervención deberá contemplar los derechos de las personas afectadas, las garantías de defensa de quienes sean señalados como responsables y la confidencialidad correspondiente a los menores de edad. En ese sentido, hizo referencia al nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, y señaló que la responsabilidad de los adolescentes por sus actos debe abordarse dentro del marco de las garantías legales y las competencias judiciales.
Por otra parte, el organismo puso el foco en las responsabilidades de las instituciones educativas y las familias frente a situaciones de violencia. “Proteger a los alumnos afectados, recabar información, determinar responsabilidades y educar para la convivencia son deberes que la Institución Educativa y la familia deben cumplir conjuntamente”, expresó el comunicado. También insistió en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, acompañamiento e intervención pedagógica.
En su consideración final, el SPEPM advirtió que “el verdadero sentido de la nueva legislación penal juvenil no puede reducirse a que los adolescentes sean castigados más tempranamente”. Según explicó, también implica reconocer que las conductas tienen consecuencias, que existen derechos de terceros que deben respetarse y que la responsabilidad debe enseñarse y exigirse progresivamente, mediante actuaciones educativas firmes, proporcionales y ajustadas a la verdad.
Finalmente, el organismo sostuvo que la respuesta institucional ante estos hechos debe establecer un precedente para los establecimientos educativos de la provincia. “Las conductas violentas tienen consecuencias; las familias son corresponsables de la trayectoria educativa y la conducta de sus hijos/as”, concluyó el comunicado, al tiempo que reafirmó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades escolares, responsables parentales y organismos competentes.
Te puede interesar:
León XIV llamó a la reconciliación ante una multitud en Luján: “¡Argentina, levántate y camina!”
Karina Milei despidió a León XIV: "Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los ar...
