martes, mayo 5, 2026

El caso Adorni suma un nuevo capítulo tras un pedido de detención por "apriete" a un testigo

La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, al acusarlo de interferir en la declaración de un testigo clave.

La presentación fue realizada ante el juez Ariel Lijo y se apoya en la figura de entorpecimiento de la investigación, una de las causales habilitantes de la prisión preventiva. Según la legisladora, la hipótesis de riesgo de fuga no aplica en este caso.

El planteo invoca la doctrina “Irurzun”, criterio que habilita detenciones preventivas cuando un imputado conserva capacidad de influencia sobre el proceso judicial. Pagano sostiene que, por su cargo en funciones, Adorni mantiene vínculos y poder residual que podrían afectar la causa.

La acusación se centra en un presunto contacto previo con el arquitecto Matías Tabar, quien intervino en refacciones vinculadas a la investigación y es considerado testigo relevante. Según la denuncia, el funcionario habría ofrecido asistencia y contactos de su equipo, en un contexto donde también se menciona la eliminación de mensajes de WhatsApp.

Pagano indicó que tomó conocimiento de estos hechos a partir de versiones periodísticas sobre la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, ya que, en su rol de denunciante, no tiene acceso directo al expediente. En base a esos reportes, planteó la posibilidad de un intento de supresión de pruebas.

La diputada argumenta que la situación se agrava por el ejercicio actual del cargo de Adorni, lo que —según su criterio— amplía su capacidad de incidencia sobre testigos, organismos y el curso del expediente.

El escrito también advierte sobre la existencia de otros testigos pendientes de declarar y plantea el riesgo de reiteración de conductas. En ese marco, considera insuficientes medidas alternativas.

De forma subsidiaria, solicitó la imposición de restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención de pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.

La presentación incluye además un pedido de ampliación de la imputación y la producción de nuevas pruebas, entre ellas el peritaje del celular del testigo para recuperar mensajes eliminados.

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