Uno de los denunciantes en la causa que investiga al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó al fiscal federal Gerardo Pollicita que requiera su prisión preventiva, al considerar que existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. De manera subsidiaria, pidió que se le prohíba salir del país y se disponga la retención de su pasaporte.
La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, iniciado a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y que actualmente concentra distintas medidas de prueba impulsadas por la fiscalía.
Según el escrito, las circunstancias del caso justifican la adopción de medidas cautelares para garantizar el normal desarrollo del proceso penal.
Los argumentos sobre un posible entorpecimiento de la investigación
Dalbón sostuvo que durante la investigación surgieron elementos que indicarían que Adorni habría intentado influir sobre un testigo considerado clave para la causa.
El planteo se basa en la declaración del contratista Matías Tabar, responsable de la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club. Según el testimonio incorporado al expediente, antes de prestar declaración judicial fue contactado por Adorni, quien le manifestó: "Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado".
Para el denunciante, ese episodio constituye un indicio de una conducta orientada a influir sobre una prueba considerada relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Además, el abogado argumentó que el ex funcionario, debido al cargo que ocupó hasta su renuncia, conserva vínculos políticos e institucionales que podrían facilitar la coordinación de versiones o interferir en la obtención de nuevas pruebas.
El escrito también sostiene que Adorni modificó públicamente sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio a medida que avanzaba la investigación, circunstancia que, a criterio del denunciante, refuerza el riesgo de entorpecimiento.
Las operaciones patrimoniales bajo análisis
La presentación repasa distintos movimientos patrimoniales que forman parte de la investigación judicial.
Entre ellos menciona la compra de un departamento en Caballito, adquirido por aproximadamente 230.000 dólares, cuya financiación habría dependido en un 87% de un préstamo hipotecario otorgado por las propias vendedoras, sin participación de una entidad bancaria.
Según el escrito, las vendedoras eran dos mujeres jubiladas y la Justicia analiza si esa operación constituyó un préstamo genuino o un mecanismo para justificar el origen de los fondos utilizados en la compra.
También hace referencia a la vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, inscripta a nombre de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni. En ese punto recuerda la declaración de Matías Tabar, quien afirmó haber realizado una remodelación integral valuada en 245.000 dólares y sostuvo que los pagos fueron efectuados por Adorni en efectivo.
El planteo sobre el riesgo de fuga
En otro tramo de la presentación, Dalbón sostuvo que existe un riesgo concreto de fuga debido a la capacidad económica atribuida al ex jefe de Gabinete.
El abogado recordó que, durante la investigación, Adorni reconoció la existencia de aproximadamente 500.000 dólares que no figuraban en sus declaraciones juradas y afirmó que esa disponibilidad de recursos incrementa sus posibilidades materiales de eludir el accionar de la Justicia.
Asimismo, señaló que el ex funcionario tendría acceso a vuelos privados, lo que, según su criterio, facilitaría una eventual salida del país.
Como argumento adicional, indicó que la reciente renuncia de Adorni implicó la pérdida de su principal vínculo laboral con la administración pública y, en consecuencia, de uno de sus principales factores de arraigo en el territorio nacional.
Con esos fundamentos, el denunciante concluyó que la prisión preventiva constituye la medida más adecuada para asegurar la continuidad de la investigación y la comparecencia del imputado ante la Justicia.
Finalmente, en una comunicación dirigida al fiscal, Dalbón citó como antecedente el caso del ex funcionario Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien permaneció durante varios años fuera del país mientras era investigado por la Justicia argentina.