La causa judicial contra el intendente de Caraguatay, Mario Peyer, dio un giro este jueves luego de que la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico solicitara su sobreseimiento total en el expediente donde se lo investiga por presuntos delitos de abuso sexual, amenazas y hostigamiento.
El planteo fiscal se conoció un día después de que el jefe comunal prestara declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción Uno. Ahora, la definición quedó en manos del magistrado Leonardo Balanda Gómez, quien deberá resolver si avala el pedido, lo rechaza o solicita nuevas medidas.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia presentada el 25 de febrero por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay. En su exposición, la mujer señaló que los hechos denunciados habrían ocurrido en septiembre de 2025, incluyendo situaciones de presunto abuso, acoso reiterado y amenazas.
Durante su indagatoria, Peyer -acompañado por su abogado defensor- rechazó de manera categórica todas las acusaciones y expuso su versión de los hechos. En relación a uno de los episodios centrales, que habría tenido lugar el 4 de septiembre en una oficina del Concejo, el intendente reconoció haber estado en el edificio, pero aseguró que solo asistió a saludar al personal en el marco del Día de las Secretarias y que luego se retiró sin que ocurriera ningún incidente.
Sobre otro de los puntos incluidos en la denuncia, vinculado a supuestos hechos de acoso durante una sesión realizada el 29 de septiembre, sostuvo que ese día no asistió al recinto deliberativo, argumentando que se trataban temas salariales y prefirió evitar conflictos.
En cuanto a las presuntas amenazas hacia una hija menor de la denunciante, Peyer también negó esa acusación y afirmó que en ese momento no se encontraba en la localidad. Como respaldo, su defensa anticipó la presentación de comprobantes que acreditarían su presencia en otra ciudad.
Con el pedido de sobreseimiento ya formalizado, el expediente entra ahora en una etapa clave, a la espera de la resolución judicial que definirá el futuro procesal del intendente.