La Corte Suprema ratificó una cautelar que ordena al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei pero después el Congreso volteó esa decisión del Ejecutivo, por lo que insistió con la normativa.
En un fallo firmado por los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema declinó una presentación del Gobierno ya que advirtió que no hay una sentencia definitiva. La resolución se refiere a los artículos 5 y 6 de la ley, que se refieren a una actualización de los salarios del personal docente y no docente y a la recomposición de programas estudiantiles.
La resolución se produjo después de un acuerdo entre la administración libertaria y el sector universitario para incrementar los fondos, que fue firmado el 10 de junio. Aquel entendimiento se trataba de una actualización salarial del 24,33%, un aumento del 20% del monto de los gastos de funcionamiento en las universidades y una suba de $50.000.000.000 para los hospitales universitarios. Por este motivo, el fallo judicial no tendrá un impacto económico que altere las proyecciones del Gobierno.
En tanto, previamente el Consejo Interuniversitario Nacional junto a universidades habían presentado un amparo para anular el decreto 759/2025, con el cual el Gobierno dispuso que la ley sólo podía implementarse si se determina el origen de los recursos. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el Ejecutivo cumpla con los artículos 5 y 6.