La comunidad universitaria volverá a movilizarse este martes frente al Congreso nacional en una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas, la recuperación salarial docente y la restitución de la ley de financiamiento suspendida por la Justicia.
La protesta, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunirá desde las 17 a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores y gremios de todo el país. Será la cuarta gran movilización nacional del sector contra las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema de educación superior.
Reclamo por presupuesto y funcionamiento
Uno de los principales ejes de la convocatoria apunta al deterioro del presupuesto universitario. Según datos difundidos por las propias universidades, el monto asignado para 2026 asciende a $4,8 billones, aunque advierten que, medido contra la inflación, representa una caída real del 18,4% respecto del año pasado y superior al 40% frente a 2023.
Las autoridades universitarias también alertaron sobre el impacto del recorte en los gastos de funcionamiento, mantenimiento de edificios, servicios básicos e infraestructura, áreas que registraron fuertes reducciones en términos reales durante los últimos dos años.
Hospitales universitarios y salarios docentes
Otro de los puntos críticos del conflicto está relacionado con los hospitales universitarios. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el sector, en el primer cuatrimestre del año el Gobierno ejecutó menos del 10% de los fondos previstos para esas instituciones, situación que —afirman— pone en riesgo prestaciones médicas, investigación y formación profesional.
En paralelo, los gremios docentes denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según CONADU, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en abril un salario bruto cercano a los $332 mil, cifra que representa una caída real frente a la inflación acumulada desde fines de 2023.
Además, las universidades remarcan que la inversión por estudiante se encuentra en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, en un sistema que actualmente nuclea a unos 2,5 millones de alumnos en todo el país.
La ley de financiamiento, otro eje del conflicto
La movilización también tendrá como reclamo central la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025, que establecía actualizaciones automáticas para partidas presupuestarias y salarios docentes según la inflación.
Aunque el Gobierno había vetado la norma, el Congreso rechazó ese veto y ratificó la ley. Sin embargo, semanas atrás la Justicia suspendió su aplicación mientras la Corte Suprema analiza el planteo presentado por el Ejecutivo nacional.
Frente a este escenario, desde las universidades sostienen que la marcha busca visibilizar el impacto del ajuste sobre el funcionamiento del sistema público de educación superior y reclamar una solución urgente para garantizar su sostenimiento.