La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto impulsado por el oficialismo que autoriza el pago a los dos últimos grupos de acreedores que mantenían demandas activas contra la Argentina por el default de 2001. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor y 97 en contra, permitiendo avanzar con los acuerdos de conciliación antes del vencimiento del plazo fijado para el próximo 30 de junio.
El acuerdo contempla el desembolso de 171 millones de dólares, distribuidos entre los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El mecanismo de pago será bajo la modalidad Entrega contra Pago (DVP), lo que garantiza que los fondos se liberen únicamente al momento de la cancelación definitiva de los títulos en litigio. Además, los acreedores asumirán los costos legales del proceso y se comprometieron a no iniciar nuevas acciones judiciales mientras se complete la operación.
Desde el oficialismo, el diputado Bertie Benegas Lynch defendió la medida al señalar que permitirá cerrar una disputa que lleva más de dos décadas y poner fin a embargos que afectaban activos argentinos en Estados Unidos. También destacó que la negociación logró una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados y evitó que el Estado afrontara honorarios legales.
La oposición cuestionó duramente la iniciativa. El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman sostuvo que el acuerdo representa “un paso más” hacia un nuevo ciclo de endeudamiento y criticó la falta de información sobre la negociación. En la misma línea, Miguel Pichetto rechazó el proyecto por considerar que no especifica el origen de los fondos para afrontar el pago y advirtió sobre posibles inconsistencias presupuestarias.
Durante el cierre del debate, la diputada Silvana Giudici remarcó que los fondos involucrados contaban con sentencias firmes de la Justicia estadounidense y aseguró que el acuerdo permitirá recuperar acciones de YPF que estaban bajo disputa. Según afirmó, la aprobación de la ley contribuirá a liberar a la petrolera de futuros conflictos judiciales y reducirá el riesgo de nuevos embargos sobre activos soberanos argentinos.